Ricardo Salinas Pliego contrató a Black Cube, una firma privada de inteligencia fundada por exagentes israelíes, para obtener información sobre Vladimir Sklarov, con quien mantiene una disputa judicial por un presunto fraude de 415 millones de dólares, informó The Telegraph.
De acuerdo con el diario británico, que cita una sentencia del Tribunal de Apelación, los investigadores de Black Cube realizaron una operación encubierta contra los abogados de Sklarov, pertenecientes al despacho londinense DWF. Para acercarse a ellos, se hicieron pasar por ejecutivos de una empresa petrolera italiana que buscaba representación legal en una supuesta disputa relacionada con Emiratos Árabes Unidos.
La periodista mexicana Laura Sánchez Ley, que también accedió a la documentación, dio a conocer que primero hubo una llamada por Zoom con el agente de Black Cube. Después lo invitaron a Ámsterdam, con todos los gastos pagados, para "cerrar los términos del encargo". Ahí lo vieron dos veces en un mismo día, una comida de negocios y después una cena con alcohol, en la que el abogado no acostumbraba beber. Todo quedó grabado.
Estos encuentros con los falsos empresarios, incluyeron una cena de cinco horas y media durante la cual le ofrecieron alcohol y lo indujeron a revelar información confidencial sobre el litigio, según relató The Telegraph con base a la información judicial a la que tuvo acceso.
Durante esas conversaciones, expuso Sánchez Ley, el agente fue llevando poco a poco al abogado a hablar de la estrategia y las debilidades del caso que representaba, incluido el efecto que estaban teniendo los embargos preventivos contra su cliente.
Black Cube habría recibido un anticipo de 1.1 millones de libras esterlinas, además de posibles bonificaciones, para establecer una relación de confianza con el abogado. La información obtenida durante la operación fue posteriormente utilizada por el equipo jurídico de Salinas Pliego en el proceso contra Sklarov.
El Juez Lord Males, del Tribunal de Apelación, consideró que esas tácticas constituían un "grave abuso" del proceso judicial y afirmó que no tenían cabida en los litigios ante los tribunales de Inglaterra y Gales. Aunque no determinó si las acciones de Black Cube configuraban un delito, decidió levantar la orden de congelamiento de activos que pesaba sobre Sklarov.
Laura Sánchez Ley expuso por su parte que el Tribunal describe la técnica como un acoso sostenido de preguntas, diseñado para presionarlo hacia terreno confidencial, aprovechando que el abogado, recién ascendido a socio, quería impresionar a un cliente potencial.
"Lo que más pesa en la resolución es que los jueces, con Lord Justice Males a la cabeza, concluyeron que esto no fue solo una falta ética sino un abuso del proceso judicial en sí mismo, sin importar si la información obtenida terminaba siendo útil o no", apuntó la periodista. "La corte fue explícita en que engañar al abogado contrario para sacarle información privilegiada es una forma de corrupción, y que ese tipo de conducta no tiene lugar en los tribunales de Inglaterra y Gales".
El litigio se originó por la entrega de acciones de Grupo Elektra, valuadas en 415 millones de dólares, como garantía de un préstamo de 115 millones. Salinas Pliego acusa a Sklarov de haberlo engañado mediante identidades falsas y supuestos vínculos con la familia Astor; Sklarov sostiene, en cambio, que el empresario mexicano incumplió el préstamo y que utilizó alias para evitar discriminación por su origen judío y ucraniano.
Según The Telegraph, Sklarov fue detenido en Chicago en mayo de 2026 y acusado de fraude por autoridades estadounidenses. Representantes de Salinas Pliego y Black Cube defendieron que las pruebas fueron obtenidas legalmente, mientras que DWF evitó comentar debido a que el litigio continúa. El Tribunal de Apelación resolvió que el caso deberá llegar a juicio.
A finales de junio, el diario The Times dio a conocer cómo el Tribunal de Apelación de Londres inició la revisión del caso de Vladimir Sklarov, quien presuntamente utilizó identidades falsas y aseguró contar con el apoyo financiero de la familia Astor, y quien acordó en 2021 prestar 115 millones de dólares a Salinas, quien entregó como garantía títulos valuados en 450 millones.
Poco después, las acciones comenzaron a venderse y parte del dinero habría sido transferido a cuentas en Mónaco vinculadas con familiares del acusado.
Salinas demandó a Sklarov en 2024 ante el Tribunal Superior británico y consiguió una orden mundial para congelar 400 millones de dólares en activos, entre ellos propiedades en Francia, Chicago y Atenas, además de un yate.
Aunque el Juez consideró en un principio que existían pruebas sólidas de fraude y que la demanda tenía buenas probabilidades de éxito, se negó a emitir una sentencia sumaria debido a las tácticas utilizadas por los investigadores privados contratados por Salinas, quienes grabaron secretamente al abogado de Sklarov y obtuvieron nuevas pruebas mediante una operación encubierta.