El exgobernante de facto guatemalteco, el general retirado Efraín Ríos Montt, quien falleció por enfermedad a los 91 años de edad, protagonizó el primer juicio por genocidio en Guatemala tras el pasado conflicto armado interno (1960-1996), aunque consiguio eludir la condena.
Considerado por décadas “intocable”, luego de concluir su inmunidad de legislador fue sentado en el banquillo de los acusados, cuando en enero de 2012 fue acusado formalmente de genocidio tras 32 años de denuncias e investigaciones.
El Ministerio Público (MP) acusó al exdictador Ríos Montt de la matanza de mil 771 personas de la etnia Ixil, del occidental departamento de Quiché, en el marco de acciones contrainsurgentes que se cumplían desde principios de la década de 1980.
El militar enfrentó a la justicia por los cargos de genocidio y deberes contra la humanidad, que por primera vez se juzgaron en Guatemala, junto con el general retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez, exjefe de inteligencia militar y excolaborador cercano del dictador.
Por esos delitos, Ríos Montt fue condenado el 10 de mayo de 2013 a 80 años de prisión, pero nunca pisó la prisión, ya que unos días después, una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló la sentencia.
El máximo tribunal constitucional del país consideró que no se cumplió el debido proceso, anuló la sentencia y ordenó repetir el juicio contra los generales retirados Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, quien fue absuelto en esa primera sentencia.
Tras un accidentado proceso, el nuevo juicio fue programado para el 11 de enero de 2016, pero en esa fecha, una vez instalada la audiencia, el juzgado “B” de Mayor Riesgo pospuso la apertura del juicio debido a una serie de acciones legales planteadas por la defensa.
El nuevo juicio se realizó en ausencia de Ríos Montt, debido a que fue declarado impedido de acudir ante los tribunales, pues fue diagnosticado con demencia senil (demencia vascular mixta).
La defensa del exdictador se concentró sin éxito en la cancelación definitiva del juicio, con el argumento de que su cliente fue diagnosticado con demencia y estaba incapacitado para seguir el proceso.
El tribunal a cargo del caso, tras la confirmación de los diagnósticos médicos, admitió en agosto de 2015 que el acusado padecía una enfermedad mental y que no estaba en condiciones de enfrentar un juicio común.
Por lo tanto, el exdictador Ríos Montt, con arresto domiciliario, fue sometido a un juicio especial, en ausencia del acusado y a puerta cerrada en la Torre de Tribunales de la Corte Suprema de Justicia.
El general retirado, quien gobernó con mano dura de marzo de 1982 a agosto de 1983, luego de llegar al poder por un golpe de Estado, era venerado por seguidores y repudiado por dirigentes indígenas y activistas humanitarios.
El sentimiento encontrado acompañó al exdictador hasta el momento de su muerte, cuando se pronunciaron en noticieros y medios electrónicos sus seguidores y detractores de su trayectoria militar y política.
“Lamentamos que una persona que creemos tiene responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, como son los casos de genocidio, no haya cumplido con la sentencia de cárcel, dictada en su momento”, dijo a periodistas el titular de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, Nery Rodenas.
Voceros de organizaciones defensoras de los derechos humanos se pronunciaron en la misma línea y deploraron que no se hubiera hecho justicia a las familias de miles de víctimas atribuidas a la dictadura de Ríos Montt.
Los seguidores de Ríos Montt repitieron los argumentos de que su régimen derrotó a la guerrilla en la lucha armada e impidió que el país quedara en poder del comunismo. El triunfo se revirtió, según sus simpatizantes, con los acuerdos de paz que “favorecieron” a los insurgentes.
“El general Ríos Montt fue un defensor de la patria. Hoy murió rodeado de su familia. Los comunistas no se dieron el gusto de verlo en la cárcel”, enfatizó el abogado y activista político derechista José Eugenio Garavito.
El abogado del militar y exministro, Luis Rosales, dijo a periodistas este domingo que el exgobernante de facto “murió rodeado del amor de su familia”, y “en paz y tranquilo, con la convicción de que en este país no hubo genocidio”.
Ríos Montt, quien a su vez en agosto de 1983 fue derrocado por el ministro de Defensa, general Óscar Humberto Mejía Víctores, encabezó, según defensores de los derechos humanos, uno de los más cruentos períodos de la guerra interna guatemalteca que duró 36 años.
El conflicto armado interno guatemalteco, que concluyó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de un acuerdo de paz, avalado por Naciones Unidas, causó más de 200 mil muertos y desaparecidos y 45 mil refugiados en el sur de México principalmente indígenas que huyeron de la violencia de la guerra.
El exgobernante, quien nació el 16 de junio de 1926 en el departamento de Huehuetenango, fue diputado, presidente del Congreso, excandidato presidencial –pese a una prohibición constitucional- y gobernó con el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), partido derechista del que fue fundador y líder máximo.