LA PAZ, Bolivia (AP) — La policía dispersó el miércoles con gases lacrimógenos una masiva marcha de sindicalistas, campesinos e indígenas, quienes desde hace más de un mes llevan a cabo protestas en reclamo de la renuncia del presidente boliviano Rodrigo Paz ocasionando el desabastecimiento de combustible y alimentos.
Policía dispersa protesta masiva en La Paz
Los manifestantes intentaron ingresar a la plaza central de La Paz donde se encuentra el Palacio de Gobierno lanzando piedras y dinamita, pero la policía los dispersó. Al poco tiempo de la actuación policial, las calles de la ciudad estaban más tranquilas.
"Es el clamor del pueblo; al presidente le quedan dos caminos: la renuncia voluntaria o la convulsión", había dicho con anterioridad el dirigente campesino Vicente Salazar a los periodistas durante la marcha que partió desde la vecina ciudad de El Alto hacia el centro de La Paz, donde se concentran los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Horas después, la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari que encabeza Salazar dijo que este último había sido detenido por la policía y exigió su liberación. El ministro de Trabajo Williams Bascopé negó el arresto, pero luego el vocero presidencial José Luis Gálvez confirmó que el dirigente fue detenido y más tarde liberado porque tenía vigente una "acción de libertad" que frena una orden de detención.
Impacto y alcance de las protestas
Las protestas cumplen 40 días. Los cortes de ruta han afectado principalmente a La Paz y El Alto dejándolas con escasez de oxígeno medicinal, alimentos y otros productos. En medio de los bloqueos se reportaron 10 fallecidos en el periodo que comprende desde inicios de mayo al 2 de junio, según un informe de la Defensoría del Pueblo.
Los bloqueos se extendieron a seis de las nueve regiones del país, aunque en los últimos días se redujeron de 95 a 80 puntos, indicó la Administradora Boliviana de Caminos (ABC).
Campesinos y sindicatos de gremios que representan, entre otros, a maestros y mineros se quejan de que el gobierno no atendió a tiempo sus demandas salariales. Además exigen que las autoridades garanticen la calidad de la gasolina y cesen la detención de sus dirigentes.
La protesta del miércoles se reforzó con la llegada de indígenas quechuas de la sureña región de Potosí portando palos y de campesinos de la central Cochabamba afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), a quien el gobierno acusa de promover las movilizaciones.
Desde su feudo en el Chapare, en el centro, Morales manifestó su apoyo a los sindicatos cocaleros y campesinos durante una concentración popular en la ciudad de Chimoré denominada "Para salvar Bolivia" y desafió a Paz a que "si es machito" vaya a su región "para hablar de los temas sociales".
"Que venga. No solo vamos a hablar de reivindicaciones, vamos a enseñar cómo se gobierna", afirmó. El exgobernante está refugiado en el Chapare desde octubre de 2024 para evitar declarar sobre una denuncia por el presunto abuso a una menor.
Paz intenta buscar salidas
En un intento por aplacar el malestar, Paz tomó juramento a Erick Sanjinés como nuevo ministro de Educación en reemplazo de Beatriz García, quien renunció en medio de las protestas. Sanjinés prometió profundizar el diálogo con los maestros públicos.
Además Paz firmó un acuerdo con el alcalde de El Alto, Eliser Roca, para la construcción de carreteras y otras obras. Durante un discurso, el mandatario señaló que aparecieron "personajes" ajenos a El Alto "que obligan o se quedan a bloquear perjudicando el desarrollo". Asimismo, manifestó que estos sectores "quieren imponer una visión política que solo satisface los intereses tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha", sin identificarlos directamente.
"Hay un desgaste; están trayendo gente más radicalizada para levantar las protestas que se están diluyendo", afirmó la diputada Cecilia Requena, de la alianza Unidad, fuerza cercana al oficialismo.
Las presiones a Paz aumentan para que logre una solución y declare un estado de excepción. Los sindicatos rechazaron esa última medida.
El vocero presidencial afirmó que cualquier "información sobre la seguridad del Estado será manejada con discreción". "Vamos a actuar y luego informar, venimos trabajando para poner en orden el país y lo vamos a conseguir", agregó en referencia a las vías de diálogo abiertas.
Salazar afirmó que el gobierno está cometiendo el error de entablar contacto únicamente con dirigentes no reconocidos por las bases de movilizados.
Por su parte, los sectores productivos señalan que las pérdidas económicas por los bloqueos y protestas ya ascienden a 2.000 millones de dólares.