BUENOS AIRES (AP) — A casi cinco meses de asumir la presidencia en Argentina, Javier Milei enfrentaba el jueves el segundo paro general convocado por el poderoso sindicalismo en contra de las reformas económicas, impositivas y del Estado que impulsa para desmantelar regulaciones que prevalecieron durante décadas.
Posando en una imagen con una camiseta azul con letras blancas en la que se leía "Yo no paro" Milei, un economista ultraliberal y de extrema derecha que asumió el 10 de diciembre, mostró en las redes sociales su disconformidad con la huelga que considera una herramienta política de los sindicalistas para minar su poder. "Viva la libertad, carajo", el latiguillo preferido del mandatario, finalizó el mensaje.
La medida de protesta por 24 horas convocada por la Confederación General del Trabajo —CGT, la principal central sindical—y secundada por la Central de los Trabajadores de la Argentina se sentía con fuerza en Buenos Aires, donde prácticamente todos los gremios del transporte público se plegaron.
El metro no funciona, así como las líneas ferroviarias urbanas, afectando con ello a millones de usuarios. Pocas decenas de autobuses prestaban su servicio y varias de ellas reportaron agresiones a los vehículos, cometidas aparentemente por sindicalistas que exigían una adhesión total a la huelga.
En tanto, los dos aeropuertos de Buenos Aires lucían prácticamente vacíos debido a la suspensión de cientos de vuelos. Aerolíneas Argentinas informó que canceló 191 vuelos afectando a cerca de 24.000 pasajeros, lo que representará pérdidas por cerca de dos millones de dólares.
En tanto, la actividad comercial estaba medio paralizada en la capital, como si fuera un día feriado, y aunque colegios privados y públicos abrieron sus puertas muchos docentes se ausentaron por la falta de transporte público.
Los sindicatos rechazan las políticas de ajuste de Milei para garantizar el déficit cero así como dos iniciativas de reformas económicas e impositivas aprobadas días atrás por la Cámara de Diputados y que comenzaron a ser analizadas por comisiones de legisladores en el Senado.
El proyecto de la llamada Ley de Bases contempla, entre otros puntos, privatizaciones de empresas públicas y una reforma laboral, mientras que el de reforma impositiva incluye la reposición de un tributo sobre los sueldos que afectaría a miles de empleados. Ambos suponen cambios que son especialmente sensibles para los sindicatos.
El movimiento obrero ha denunciado el desguace del Estado y la desprotección social que implicarían las reformas laborales.
También afirmó en un documento que "en nombre de una mal entendida libertad de mercado, (el gobierno) implementa un ajuste brutal que sufren especialmente los sectores de menores ingresos, las clases medias asalariadas, jubilados y pensionados".
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, restó importancia a la medida de protesta. "Si para lograr un paro tenés que tirar una piedra a un colectivo (autobús) es que estás en debilidad. Este es el paro de la debilidad. No se puede hablar de acatamiento", sostuvo la funcionara.
Héctor Díaz, de 45 años y empleado en una empresa de seguridad, dijo a The Associated Press que tuvo que recurrir al transporte privado para llegar a su lugar de trabajo. "Me genera cansancio y estrés".
"Milei no se merece el paro porque tiene cinco meses en su gestión... están perjudicando a la nación completa. Hemos recibido un país bastante precario y no lo dejan gobernar", afirmó Díaz.
Jonathan Sandoval, de 26 años y quien trabaja como herrero, dijo que "no queda otra que laburar (trabajar). Hay que generar plata".
La huelga tiene lugar en una semana marcada por protestas en contra de las políticas de Milei. El lunes trabajadores de distintos sectores del transporte realizaron asambleas en sus lugares de trabajo, lo que en algunos casos alteró los servicios. El martes organizaciones sociales izquierdistas bloquearon los accesos a Buenos Aires y realizaron cortes en otros puntos del país.
La CGT encabezó el 24 de enero una primera huelga nacional a poco más de un mes de la asunción de Milei en contra de un ambicioso paquete de iniciativas reformistas que no prosperaron en el Congreso. Parte de las mismas han sido suavizadas con el apoyo de sectores aliados para que se abran paso en el Legislativo.