CIUDAD DE MÉXICO, abril 1 (EL UNIVERSAL/ANSA).- Donald Trump no puede decidir unilateralmente la salida de Estados Unidos de la OTAN. Una ley de 2024, impulsada por los entonces senadores Tim Kaine y Marco Rubio, establece que cualquier decisión presidencial en ese sentido debe contar con la autorización de dos tercios del Senado o ser aprobada mediante una ley del Congreso.
Procedimiento legal para la salida de Estados Unidos de la OTAN
EL PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR. La norma fue aprobada en el marco del National Defense Authorization Act de 2024, promulgado por Joe Biden. Además de impedir que el presidente actúe en solitario, la sección 1250A establece que el comandante en jefe debe consultar a las comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes y del Senado "en relación con cualquier iniciativa destinada a retirar a Estados Unidos" de la alianza, y debe notificar a dichas comisiones "cualquier deliberación o decisión" sobre la retirada "lo antes posible y, en ningún caso, más allá de 180 días antes de iniciar el proceso".
Riesgos y posibles conflictos institucionales
EL RIESGO DE UNA CRISIS INSTITUCIONAL. Sin embargo, expertos consideran que Trump podría intentar sortear al Congreso y reivindicar su autoridad en política exterior. En ese caso, el Congreso podría recurrir a la Justicia. A lo largo de los años, la Corte Suprema ha reconocido que el poder legislativo desempeña un papel en la política exterior, pero también ha señalado que los conflictos entre los distintos poderes del Estado suelen resolverse mejor en el ámbito político que en el judicial. Incluso si el máximo tribunal interviniera, no está claro cuál de las partes prevalecería. El Congreso nunca ha impugnado directamente en los tribunales a un presidente por retirarse de un tratado. Además, la Constitución estadounidense reconoce expresamente la autoridad del presidente para negociar tratados, aunque no detalla los mecanismos para abandonarlos.
EL PARADÓJICO ESCENARIO. En caso de una eventual salida de la OTAN, Estados Unidos se enfrentaría a una situación particular. Según el artículo 13 del tratado, un país puede abandonar la alianza un año después de notificar su decisión al gobierno de Estados Unidos, que a su vez debe informar a los demás miembros. En la práctica, Washington debería notificarse a sí mismo su salida del tratado.