En el marco de ese operativo, más de 5.000 efectivos fueron desplegados en Los Ángeles, unos 500 en Chicago, cerca de 200 en Portland y varios miles en Washington.
En la capital federal permanece aún un contingente estimado en 2.500 militares. El resto de las unidades fue retirado antes de finales de enero, según el Comando Norte de Estados Unidos.
El despliegue había generado controversia política y jurídica desde su anuncio. A fines de diciembre, la Corte Suprema emitió una orden temporal que bloqueó el intento de Trump de federalizar la Guardia Nacional en Chicago, al considerar que la facultad presidencial para hacerlo "se aplica sólo en circunstancias excepcionales".
La resolución puso en cuestión el alcance legal del plan de la administración para utilizar tropas federales en respuesta a disturbios urbanos.
La Guardia Nacional puede ser activada por los gobernadores de cada estado o federalizada por el presidente en situaciones específicas, como insurrecciones o emergencias nacionales.
El uso de esta herramienta en contextos de orden público ha sido históricamente objeto de debate, en particular cuando involucra tensiones entre autoridades estatales y el gobierno federal.
De acuerdo con un informe del Congressional Budget Office (CBO), la movilización de tropas tuvo un costo superior a los 496 millones de dólares, incluyendo logística, transporte, mantenimiento y compensaciones.
El gasto alimentó críticas de legisladores opositores, que cuestionaron tanto la necesidad del despliegue como su impacto presupuestario.
La Casa Blanca no emitió hasta el momento un comunicado formal anunciando el repliegue. Analistas interpretan la retirada como un ajuste estratégico tras la controversia judicial y política que rodeó el operativo.