CARACAS (AP) — Venezuela revocó el sábado la autorización a Brasil para custodiar los intereses de Argentina en su sede diplomática en Caracas, poniendo en riesgo a seis opositores antigubernamentales que llevan meses refugiados en la residencia del embajador argentino en busca de asilo.
En un comunicado, la cancillería venezolana informó que la medida fue notificada oficialmente al gobierno brasileño del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lo cual generó sorpresa y rechazo en varios países de la región.
"Venezuela se ve obligada a tomar esta decisión motivada por las pruebas que se tienen sobre el uso de las instalaciones de esa misión diplomática para la planificación de actividades terroristas e intentos de magnicidio" contra el mandatario Nicolás Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, por parte de quienes considera son prófugos de la justicia.
Brasil había aceptado en agosto la solicitud de Argentina de custodiar su embajada luego de que Caracas ordenó la expulsión del personal diplomático argentino después de que el presidente de ese país, Javier Milei, dijera que no reconocería "otro fraude" en Venezuela tras las disputadas elecciones del 28 de julio que Maduro dice haber ganado. El líder opositor venezolano Edmundo González sostiene que triunfó de forma contundente.
Brasil señaló que recibía "con sorpresa" la comunicación del gobierno venezolano en la que le informaba de la medida diplomática, de acuerdo con una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de la nación sudamericana.
Indicó que, con base en las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y relaciones consulares, "Brasil quedará bajo custodia y defensa de los intereses argentinos" hasta que Argentina "indique otro Estado aceptable al gobierno venezolano para ejercer las funciones antes mencionadas".
Más tarde, el gobierno argentino rechazó "la decisión unilateral" de Venezuela, y señaló que Caracas debe respetar los convenios internacionales que, aseguró, consagran la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, en coincidencia con lo que Brasil había planteado en su comunicado.
La cancillería argentina dijo que "cualquier intento de intromisión o de secuestro de los asilados que permanecen en nuestra residencia oficial será condenado por la comunidad internacional".
Chile, Paraguay, Uruguay y Panamá se sumaron posteriormente al rechazo de la medida adoptada por el gobierno de Venezuela.
"Panamá rechaza de manera enérgica cualquier intento del régimen venezolano de violar la inmunidad diplomática a la sede argentina en Caracas bajo custodia del gobierno de Brasil en gesto que lo distingue", escribió el presidente panameño José Raúl Mulino en su cuenta en la red social X. "El derecho internacional público y su respeto absoluto es la única herramienta para la convivencia pacífica de los pueblos".
Magalli Meda, ex jefa de campaña y mano derecha de la líder opositora María Corina Machado, y otros cinco dirigentes y colaboradores políticos de la oposición permanecen en la embajada argentina desde marzo, cuando la fiscalía emitió una orden de aprehensión, acusándolos de propiciar supuestos actos violentos para desestabilizar al gobierno.
Por la tarde, Machado rechazó en X lo que calificó de "absurdas" acusaciones en contra de los seis refugiados en la embajada argentina, y pidió "a las naciones democráticas acompañarnos y brindar... protección necesaria para todos aquellos activistas que sufren el acoso y la persecución en estas horas".
La líder opositora instó a la comunidad internacional a realizar las gestiones para la emisión de salvoconductos a sus compañeros de acuerdo con las normas internacionales en la materia.
Desde la noche del viernes los asilados venezolanos denunciaron que la sede era asediada por agentes de inteligencia venezolanos.
"Estamos con la electricidad cortada y con los accesos a la sede tomados", escribió Meda en X, mientras que Pedro Urruchurtu, también asilado en esa sede, dijo en la misma red social que en el sitio hay "cada vez más presencia de funcionarios encapuchados" y que se ha suspendido la circulación vehicular.
El episodio diplomático podría tensar las relaciones entre el gobierno de Maduro y Lula da Silva, quien es considerado uno de los aliados del mandatario venezolano en la región. El líder brasileño ha insistido públicamente en que Maduro debe presentar las actas electorales que demuestren su victoria en las elecciones presidenciales de fines de julio.
Brasil, Colombia y México venían gestionando una mediación diplomática en búsqueda de una salida a la crisis postelectoral en la que está sumido el país sudamericano tras los comicios, en los que el organismo electoral y un tribunal ratificaron la victoria de Maduro para un nuevo período de seis años.
Organismos y observadores internacionales han puesto en duda la independencia e imparcialidad de estas instancias, por estar conformadas por exfuncionarios allegados al gobierno.
Por su parte, la oposición asegura que cuenta con más del 80% de las actas que le dan a su postulante de unidad —el diplomático retirado González— una victoria significativa sobre el actual presidente.