BROOKLINE, Massachussets, EE.UU. (AP) — Un pueblo de Massachusetts que adoptó una ordenanza inusual que prohíbe la venta de tabaco a cualquier persona nacida en el siglo XXI está siendo considerado como un posible modelo para otras ciudades y comunidades que esperan tomar más medidas drásticas contra los cigarrillos y los productos de tabaco.
La ordenanza —la primera de este tipo en Estados Unidos— fue adoptada por Brookline en 2020, y la semana pasada fue ratificada por el máximo tribunal del estado, lo que abre la puerta a que otras comunidades adopten prohibiciones similares que, dentro de unas décadas, acabarán impidiendo a todas las generaciones futuras comprar tabaco.
La norma, que prohíbe la venta de tabaco a cualquier persona nacida en o después del 1 de enero de 2000, entró en vigor en 2021 en esta localidad de unos 60.000 habitantes ubicada cerca de Boston.
Según una ley de Massachusetts promulgada por el exgobernador republicano Charlie Baker en 2018, cualquier persona menor de 21 años ya tiene prohibido comprar cualquier producto de tabaco —incluidos cigarrillos, puros y cigarrillos electrónicos— en el estado.
Los partidarios de la medida de Brookline señalan que la ley estatal reconoce la autoridad de las comunidades locales para promulgar sus propias medidas para limitar la venta de productos nocivos.
Los críticos de la ley de Brookline, incluidos los propietarios de tiendas de conveniencia que dependen de las ventas de productos de tabaco para una parte significativa de sus ingresos, no estuvieron de acuerdo y argumentaron que dicha medida entra en conflicto con la ley estatal de 2018 que permite a los mayores de 21 años comprar productos de tabaco y, además, establecería dos grupos de adultos: uno que podría comprar cigarrillos y otro que no.
La Corte Suprema Judicial de Massachusetts falló a favor de Brookline, señalando que las ciudades y pueblos "tienen una larga historia de regulación de los productos del tabaco para frenar los conocidos efectos adversos para la salud del consumo de tabaco".
"Es importante destacar que las leyes estatales y las ordenanzas y reglamentos locales pueden coexistir, y a menudo lo hacen", añadió el tribunal. "Esto es particularmente cierto en el caso de las ordenanzas y estatutos locales que regulan la salud pública, cuya importancia reconocemos desde hace tiempo".