Según publica hoy el diario chileno La Tercera, hace unos días Aitken, a través del abogado Rodrigo Henríquez, pidió al juez del caso Riggs, Guillermo de la Barra, que se liberen 1,3 millones incautados a su cliente en el transcurso del juicio, que llegó a su fin en junio del 2018 tras un fallo de la Corte Suprema.
En el juicio se pudo establecer que Pinochet, con la ayuda de asesores cercanos, desvió millones de dólares de gastos reservados a cuentas que mantenía en el extranjero, algunas de ellas abiertas con nombres falsos en el Riggs Bank de Estados Unidos.
Antes de resolver la petición de Aitken, el juez De la Barra informó del trámite a la viuda del general y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), también querellante en el caso.
Tanto Lucía Hiriart, de 96 años, como el CDE, se opusieron, señalando que ese dinero, que está en depósitos a plazo y fueron entregados por el albacea a la justicia en el inicio del caso Riggs, no está probado que pertenezcan al exalbacea.
Los abogados de la viuda pidieron al juez no pronunciarse respecto de la solicitud, porque los bienes raíces e inmuebles incluidos en el caso "fueron adquiridos por el general Augusto Pinochet y, por ende, hoy le pertenecen a su sucesión, cuyos miembros no son parte de este juicio".
Para el abogado de Aitken son intolerables los argumentos de Lucía Hiriart y del CDE. "Hay cuestiones que resultan tan sorprendentes que llegan a ser incomprensibles, y eso es lo que ocurre con las contestaciones presentadas por el CDE y apoderados de la familia Pinochet Hiriart", dijo a La Tercera.