CIUDAD DE MÉXICO, abril 7 (EL UNIVERSAL).- La consejera de la Judicatura Federal (CJF), Lilia Mónica López manifestó que el respeto a los derechos humanos y la igualdad de género son elementos esenciales para construir una agenda de seguridad y justicia que ayude a combatir la impunidad, que es tarea de todas las autoridades de procuración e impartición de justicia en el país.
Durante la inauguración del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, en San Luis Potosí, la consejera calificó como importante de identificar los problemas y retos que enfrenta nuestro sistema de seguridad y justicia.
Destacó que el objetivo de estos foros es generar un diagnóstico colectivo sobre los principales desafíos en estas dos materias, a partir del cual se formularán propuestas concretas de solución.
"Se trata de un ejercicio abierto y plural convocado desde el Poder Judicial de la Federación, en el que concurren diversas voces de personas actoras institucionales, pero sobre todo de usuarias y operadoras del sistema", aseveró.
La Consejera comentó que estos encuentros parten de reconocer la necesidad de escuchar a los usuarios del sistema de justicia y de tomar en serio su voz y su verdad, asumiendo que una ruta de acción pública adecuada y eficaz requiere un diagnóstico integral y participativo.
López Benítez resaltó que este ejercicio de reflexión y diálogo generará información que permitirá construir, con una mirada amplia, una agenda de seguridad y justicia en beneficio del país.
Durante este ejercicio participaron la magistrada Manuela García, presidenta del Poder Judicial de San Luis Potosí. También el magistrado Carlos Villegas Márquez, presidente del Poder Judicial de Zacatecas.
Asimismo, autoridades de los poderes estatales de ambas entidades federativas, integrantes de la Judicatura federal y locales, así como académicos y representantes de asociaciones civiles.
El siguiente encuentro regional se realizará el 11 de abril y abarcará cuatro entidades: Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas.
Participarán usuarios del sistema de seguridad y justicia, representantes de la sociedad civil, litigantes, académicos e integrantes de los poderes judiciales federal y locales.