Ciudad de México.- De 2019 a 2022, agentes de policías municipales, de las secretarías de seguridad y agentes de investigación adscritos a las fiscalías acumularon más de 9 mil 500 quejas por tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, de acuerdo con el colectivo EPU, que agrupa a 300 organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos.
En su “Informe sobre tortura y malos tratos”, destaca que los recursos humanos para investigar la tortura son insuficientes, pues existen alrededor de 200 agentes del Ministerio Público en todo el país encargados de investigar delitos de tortura.
Resalta que, desde hace más de un año, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), que es una instancia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos encargada de la supervisión permanente y sistemática de los lugares de privación de libertad en todo el país, se encuentra inoperativo.
Sostiene que la tortura en México es una práctica generalizada, que queda en la impunidad pues durante 2022 sólo se emitieron cuatro sentencias por tortura a nivel federal.
Asimismo, señala que, en el caso de personas indígenas, 66% de hombres y 64% de mujeres fueron víctimas de violencia durante la detención.
Las agresiones sicológicas son las más comunes, con 61.8%, seguidas de las físicas, con 47.3% y la violencia sexual, con un 33.5 por ciento.
“La tortura está muy extendida en los primeros momentos de la detención, la cual está íntimamente relacionada con la fabricación de pruebas ilícitas y para obtener confesiones y utilizarlas contra los acusados ante tribunales”, refiere.
Dice que otra finalidad de la tortura es impedir la defensa de las personas en juicio.
“La tortura suele ser cometida momentos previos a la presentación ante un juez, por lo que, al momento de debatirse la vinculación a proceso, los inculpados se encuentran en un estado síquico o físico que les imposibilita defenderse. Inclusive en diversos casos las personas han referido que fueron amenazadas por la fiscalía”, sostiene.
El colectivo señala que al interior de las prisiones existe una grave incidencia de abusos “con un marcado componente sexual”. Y es que, de acuerdo con la Enpol, durante el referido año se presentaron 64 mil casos de desnudez forzada y 24 mil víctimas a los que se les propinaron golpes, descargas eléctricas, aplastamiento, cortaduras o introducción de objetos en órganos sexuales.