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"Quienes ejercemos el periodismo en la fuente policiaca sabemos que documentar eventos de violencia implica riesgos. Sin embargo, la intimidación, el despojo de equipos de trabajo y la eliminación forzada de material informativo son actos inadmisibles que atentan contra la labor de la prensa y contra el derecho de la sociedad a estar informada", recalcó.
Mientras que el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores Capítulo Oaxaca manifestó que este hecho representa un atentado contra la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y el derecho a la sociedad a estar informada, además de constituir un acto de intimidación.
Tomás Martínez fue despojado de su teléfono celular por los encargados del centro de rehabilitación que se encuentra en la colonia Cuauhtémoc de Santa Rosa Panzacola, agencia municipal de la ciudad de Oaxaca, y posteriormente fue obligado a borrar las imágenes que había captado de la balacera que se registró en este sitio.
La APIP hizo un llamado a las autoridades, entre ellos el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, a la Fiscalía General del Estado, a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo (DDHPO) y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que garanticen condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico, investiguen la agresión a Tomás Martínez y se eviten este tipo de agresiones que buscan limitar el trabajo informativo.
El Foro Nacional, por su parte, exigió al gobierno del estado garantizar condiciones de seguridad y respeto para el ejercicio del periodismo en Oaxaca, así como enviar un mensaje claro de que ninguna agresión contra periodistas debe quedar impune.
A la Fiscalía del Estado y a la DDHPO les solicitó mantenerse atentas al desarrollo de este caso, con el objetivo de que se salvaguarden los derechos de Tomás Martínez y se dé seguimiento puntual a estos hechos.