Ures, Sonora.- En la plaza de Ures nadie habla de la contaminación del río como un asunto del pasado. Hablan de ella como una amenaza que sigue presente, aunque ya no se vea.
Bajo la sombra de las ceibas, los vecinos repiten una frase que resume el sentimiento: “El agua ya no da confianza”.
“Nosotros ya no tomamos agua de la llave. Pura agua purificada”, dice Ricardo Reyes. A su alrededor, otros habitantes asienten. La conversación vuelve una y otra vez a las enfermedades, las promesas incumplidas y la sensación de que el tiempo pasó sin que llegara la reparación prometida.
El 6 de agosto del 2014, de una pileta de la mina Buenavista del Cobre propiedad de Grupo México, se vertieron a los cauces de los ríos Bacanuchi y Sonora, más de 40 millones de litros de acidulados de cobre y otros metales venenosos como cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo, cuyos niveles fueron determinados por las autoridades, fuera de las normas ecológicas.
El derrame afectó a más de 22 mil habitantes, además de provocar pérdidas económicas en actividades agrícolas, ganaderas y comerciales.
Doce años después, el debate ya no gira en torno al accidente, sino a sus consecuencias. El color rojizo desapareció, pero no la incertidumbre. En Banámichi los habitantes aseguran que hubo dos plantas potabilizadoras y que nadie sabe dónde quedaron; en Huépac, una de ellas permanece arrumbada en un patio del ayuntamiento, oxidándose junto con las promesas oficiales.