Ciudad de México.- Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, quien es señalado por su supuesta participación en la comisión del delito de desaparición forzada de personas en el caso de los 43 normalistas en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, controlaba a las organizaciones policiales y a la delincuencia, detalla la indagatoria a la que El Universal tuvo acceso.
De acuerdo con el expediente, el exmandatario estatal ordenó la destrucción de los videos relacionados con la desaparición de los estudiantes normalistas.
En la orden de aprehensión se recabaron diversas entrevistas ministeriales, entre ellas la de Blanca María del Rocío Estrada Ortega, que en ese entonces se desempeñaba como visitadora general del Consejo de la Judicatura en el estado.
La exservidora pública narra que en una visita con el entonces gobernador alcanzó a escuchar cómo en ese momento Aguirre Rivero le llamaba a su sobrino Ernesto Aguirre para ordenarle que destruyera todas las evidencias relacionadas con el caso Ayotzinapa, que no quería que se supiera nada de lo que había pasado en sus oficinas en esos días.
La exservidora pública indica que el exmandatario estatal era un hombre muy poderoso en esos momentos, ya que controlaba a las organizaciones policiales y a la delincuencia, y sus órdenes tenían que ser obedecidas, porque de lo contrario la persona que se arriesgara a desobedecerlo corría mucho riesgo.