CIUDAD DE MÉXICO, abril 22 (EL UNIVERSAL).- En México, el avance hacia una economía digital no necesariamente significa progreso para todos. Detrás del discurso de modernización, persisten brechas estructurales que dejan fuera a millones de personas, advirtió la economista Alejandra Villegas, académica de la Universidad Iberoamericana.
Alejandra Villegas alerta sobre desigualdad digital en México
A partir de su análisis acerca de la globalización digital, la especialista plantea que la narrativa que equipara digitalización con desarrollo resulta limitada, pues ignora las condiciones desiguales desde las que parte la población. El problema, subraya, no es la tecnología en sí, más bien el contexto en el que se implementa.
En el país, factores como la desigualdad territorial, la falta de conectividad y las barreras económicas siguen definiendo quién puede integrarse a la economía digital. En zonas rurales, el acceso a internet de calidad es todavía restringido, mientras que en áreas urbanas, aunque menos evidente, también existen limitaciones relacionadas con el costo de dispositivos y servicios.
Pagos digitales y exclusión en la economía mexicana
A ello se suma una variable poco visible pero determinante: el tiempo. Adaptarse a herramientas digitales exige aprendizaje y disponibilidad constante, algo que no está al alcance de todos. Esta carga recae de forma específica en las mujeres, quienes enfrentan mayores responsabilidades de cuidado.
Uno de los ejemplos más claros de la tensión es el impulso a los pagos digitales. A pesar de su expansión, se presenta como sinónimo de eficiencia y formalización, también puede generar exclusión. Dicha especialista advierte que asumir que toda la población está bancarizada dista de la realidad, debido a que millones de personas aún no tienen acceso al sistema financiero o desconfían de él.
En ese contexto, la digitalización obligatoria de pagos podría convertirse en una barrera adicional, tanto para consumidores como para pequeños negocios que no cuentan con los recursos o conocimientos para adaptarse. El riesgo, señala, es que estas medidas beneficien principalmente a quienes ya están dentro del sistema, ampliando la brecha con quienes han sido históricamente excluidos.
La discusión cobra relevancia ante eventos internacionales como el mundial de futbol, que suelen detonar procesos acelerados de modernización. Si bien estas iniciativas buscan mejorar la experiencia de visitantes y dinamizar la economía, sus beneficios suelen ser temporales frente a desigualdades que permanecen en el largo plazo.
Ante dicho escenario, Villegas plantea la necesidad de replantear las políticas públicas con un enfoque de inclusión. Antes de avanzar hacia una digitalización total, sostiene, es indispensable garantizar niveles amplios de inclusión financiera y considerar variables como género, territorio y condiciones socioeconómicas.
Asimismo, propone diseñar esquemas de transición que no excluyan a quienes aún no pueden integrarse plenamente al entorno digital, y entender que la tecnología no es neutral, sino que puede profundizar desigualdades si no se implementa con una visión social.
Desde la perspectiva, el desafío no es frenar la digitalización, más bien reconocer sus efectos diferenciados y atenderlos. El progreso, concluye, no es automático ni uniforme: sin políticas incluyentes, también puede dejar a muchos atrás.