HERMOSILLO, Son., noviembre 6 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, rechazó que Morena sea responsabilizado por las presuntas prácticas de corrupción en el sistema electoral y sostuvo que las irregularidades señaladas tienen antecedentes que se remontan a gobiernos de décadas anteriores.
Rechazo de Alfonso Durazo a corrupción atribuida a Morena
En un posicionamiento público difundido el 5 de noviembre, el mandatario estatal respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum en su decisión de llevar hasta las últimas consecuencias las investigaciones sobre una presunta red empresarial que habría obtenido contratos millonarios de organismos electorales.
Señaló que los hermanos Hernández Casillas iniciaron su trayectoria en el gobierno federal en 1983 y que, durante administraciones priistas, trabajaron junto a Juan Carlos Padilla Aguilar, quien posteriormente ocupó cargos en gobiernos del PRI.
De acuerdo con el mandatario, después de dejar el servicio público, los hermanos comenzaron a obtener contratos con organismos electorales, con antecedentes de controversias en 1999 y 2005.
Corrupción histórica en instituciones electorales y contratos millonarios
El gobernador sostuvo que las investigaciones apuntan a una estructura que habría operado durante más de 25 años, mediante empresas vinculadas entre sí y presuntas simulaciones de competencia para obtener recursos públicos.
Detalló que los contratos atribuidos a esta red superarían los dos mil millones de pesos entre 2014 y 2023, además de otros 646 millones de pesos durante 2024 y 2025.
"La democracia no es un negocio y quien haya lucrado con ella, que responda ante la justicia", expresó.
El pronunciamiento también cuestiona lo que considera un intento de trasladar a Morena las responsabilidades por las deficiencias históricas de las instituciones electorales, con el argumento de que se busca debilitar la credibilidad del movimiento de transformación.
Durazo planteó que los señalamientos contra la titular del Instituto Nacional Electoral (INE) y posteriormente contra la propia institución forman parte de una disputa política por su control.
En ese contexto, hizo referencia a las elecciones presidenciales de 1988 y 2006, al señalar que las instituciones electorales de aquellos años permitieron que el PRI y el PAN, respectivamente, conservaran la Presidencia de la República en procesos cuya legitimidad ha sido cuestionada.
El mandatario insistió en que las responsabilidades deben establecerse de manera individual y no atribuirse a un movimiento político por prácticas que, aseguró, tienen antecedentes en otras administraciones.
"La transformación de México no puede permitir que las viejas estructuras de corrupción sigan operando bajo nuevas apariencias", sostuvo.
Finalmente, reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y pidió que las autoridades determinen las responsabilidades correspondientes, sin privilegios, excepciones ni encubrimientos.