El empresario tabasqueño Amílcar Olán Aparicio, cercano a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, volvió al centro de la polémica por señalamientos relacionados con contratos públicos, presunto contrabando de combustible y posibles vínculos con integrantes del crimen organizado.
La Fiscalía General de la República (FGR) negó que exista una investigación o una orden de aprehensión en su contra, luego de que circularon versiones sobre su posible detención. "No hay nada", declaró la fiscal Ernestina Godoy durante su llegada al desfile militar por el aniversario de la Independencia.
La postura contrasta con declaraciones realizadas a principios de septiembre por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que la Fiscalía y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno revisaban el caso en los ámbitos administrativo y penal. La mandataria sostuvo que cualquier actuación tendría que sustentarse en evidencias.
Olán es identificado como amigo de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán. El propio expresidente López Obrador reconoció públicamente la relación del empresario con sus hijos.
Durante el sexenio anterior, Olán se convirtió en proveedor gubernamental. Diversos reportajes lo señalan por presuntamente aprovechar esa cercanía para obtener negocios relacionados con obras prioritarias, acusaciones que no han derivado hasta ahora en una resolución judicial en su contra.
Audios lo relacionan con contratos ferroviarios
Desde diciembre de 2023, El medio Latinus ha publicado grabaciones atribuidas al empresario en las que habla de la venta de balasto para las obras del Tren Maya y del Corredor Interoceánico.
En esos audios, Olán asegura que Gonzalo López Beltrán intervino para facilitarle contratos. En otras grabaciones se refiere a presuntos pagos para evitar revisiones sobre la calidad del material suministrado.
Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán rechazaron esos señalamientos en una carta publicada en 2024. Afirmaron que no participaban en la administración pública ni intervenían en las decisiones del Gobierno.
Nuevas grabaciones difundidas posteriormente y atribuidas a Amílcar Olán y a su hermano Luis Alberto los relacionan con supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en Veracruz. De acuerdo con las publicaciones, esos contactos habrían sido utilizados para detener extorsiones contra una mina de balasto.
Empresa señalada por presunto huachicol fiscal
Otro señalamiento involucra a Portacelis Gas and Oil, compañía que investigaciones periodísticas relacionan con familiares y posibles prestanombres de Olán.
Según información publicada por Reforma, autoridades fiscales solicitaron investigar a la empresa por una presunta defraudación de 834 millones de pesos mediante la importación irregular de combustible desde Estados Unidos.
La compañía habría declarado ante las aduanas cantidades menores a las realmente importadas para reducir el pago de contribuciones. Su permiso para introducir petrolíferos al país fue cancelado tras detectarse diferencias en sus operaciones, de acuerdo con la información difundida.
Hasta ahora, las acusaciones proceden principalmente de investigaciones periodísticas y grabaciones atribuidas al empresario. La FGR sostiene que no existe una orden de captura en su contra, mientras permanece sin aclararse el alcance de las revisiones administrativas mencionadas por el Gobierno federal.