El Congreso de la Unión aprobó la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con la que el Estado mexicano contará por primera vez con un solo tipo penal y un marco uniforme para castigar este delito en los tres niveles de gobierno.
Durante la sesión vespertina en San Lázaro, el presidente de la Comisión de Justicia, diputado Julio César Moreno Rivera (Morena), explicó que esta ley busca "dar al Estado la fuerza jurídica para prevenir, investigar y sancionar la extorsión en todo el país", y que a partir de ahora las autoridades actuarán de manera coordinada, sin fronteras estatales.
Moreno Rivera destacó que el dictamen deriva de una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que responde a una reforma constitucional que faculta al Congreso para legislar en la materia.
El legislador señaló que la norma unifica las penas y definiciones que antes variaban en cada estado, lo que generaba "vacíos, contradicciones e impunidad". Con esta nueva ley —subrayó— la extorsión se investigará de oficio, sin necesidad de denuncia previa, al reconocer que muchas víctimas no acuden al Ministerio Público por miedo o desconfianza.
Además, establece mecanismos para proteger la identidad de víctimas y testigos, permite denuncias anónimas a través del número 089 y ordena a las empresas de telecomunicaciones bloquear de inmediato los números usados para extorsionar. También faculta al Estado a rastrear y bloquear teléfonos desde los penales, para erradicar la extorsión que se origina dentro de las cárceles.
La nueva legislación prevé penas más severas y prisión preventiva oficiosa para los responsables. Los servidores públicos involucrados en este delito recibirán sanciones más altas, y no habrá beneficios de libertad anticipada.
Moreno Rivera recalcó que "esta no es una ley punitiva, es una ley de justicia", en beneficio de comerciantes, transportistas, empresarios y familias afectadas por cobros de piso, amenazas telefónicas o extorsiones digitales.
Finalmente, precisó que las entidades federativas deberán homologar sus códigos locales y coordinar estrategias con el gobierno federal y municipal, para combatir la impunidad y garantizar que el país actúe como "un solo frente".