Villahermosa, Tab.- Con 24 votos a favor y uno en contra, legisladores de Morena, PRD y PVEM, avalaron establecer penas de hasta 20 años de cárcel para quienes extorsionen o impidan total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos y maquinaria para la ejecución de obras públicas o privadas en las vías de comunicación locales, iniciativa que tanto el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández (Morena), como el presidente Andrés Manuel López Obrador descartaron que sea una “ley del garrote”.
La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo estatal el 25 de julio, y fue discutida y avalada este lunes por el pleno del Congreso local en un periodo extraordinario de sesiones.
Previamente el secretario de gobierno estatal, Marcos Rosendo Medina Filigrana, se reunió con legisladores locales para aclarar algunas dudas sobre esa reforma.
“A ver señores, la protesta ciudadana es un legítimo derecho que está previsto en la Constitución. Insisto, esta reforma al Código Penal es antiextorsión, en ningún momento, es antimanifestación”, expuso.
Al respecto, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, insistió en que esta reforma no es una medida coercitiva que impida o limite el derecho de los ciudadanos a la libre manifestación de las ideas, al tiempo que señaló que Tabasco “no puede ser el reino de la impunidad, aquí tiene que haber respeto al Estado de Derecho”.
Por su parte, el presidente López Obrador rechazó que se trata de una “ley garrote”. “Tengo información, no es así. Se está buscando corregir un vicio, que se sobornaba a autoridades y en particular a Pemex para poder llevar a cabo un trabajo”, dijo.
El mandatario mexicano insistió: “No es para reprimir libertades, es para que no haya sobornos, que no se instaure el ‘moche’ como forma de gobierno”.