Ciudad de México.- La Procuraduría General de República (PGR) acusó al ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, por el quebranto de 900 millones 99 mil 418.17 pesos del erario.
Durante la audiencia en Juzgado de Control del Centro de Justicia Penal Federal del municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, Borge se reservó su derecho a declarar luego de que Ministerio público solicitara su vinculación a proceso al Juez de Control, de acuerdo con información de medios nacionales.
Fiscales de la PGR lo acusaron del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de coautor, pues según la investigación, el ex Gobernador “ideó y ejecutó un plan” para la adquisición de 22 predios ubicados en las zonas reservadas del estado de Quintana Roo.
Una de sus cómplices señalada por el ministerio Público fue Claudia Romanillo, directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE), y la misma que lo ayudó a adquirir los predios.
Dichos inmuebles fueron adquiridos por 238 millones 790 mil 121.98 pesos, aunque el precio real fue de mil 138 millones 889 mil 540 pesos. El plan fue llevado a cabo en un periodo de agosto de 2011 a septiembre de 2016.
La diferencia es de 900 millones 99 mil 418.17 pesos, el quebranto por el cual es acusado Borge que era patrimonio de la entidad.
El ex gobernador de Quintana Roo llegó este jueves a México extraditado desde Panamá para que sea enjuiciado por lavado de dinero y otros cargos.
Llegó a las 13:20 horas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en una aeronave Bombadier Challenger, modelo 605 y de matrícula mexicana.
El descenso de Borge se realizó en el hangar de la PGR con el fin de realizarle los estudios médicos y jurídicos correspondientes en presencia de personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), personal de la cancillería y de la fiscalía mexicana.
Posteriormente Borge fue presentado ante el juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema en el central Estado de México, que el 31 de mayo pasado giró una orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero.
El ex Gobernador fue presentado ante este juzgado para la audiencia inicial en la que el juez calificó si su detención y traslado a México cumplieron con las formalidades que marca la Ley.