Resurgen denuncias de presiones y cancelación de auditorías durante gestión anterior de la ASF

Durante gestión de Colmenares se cancelaron 194 auditorías, limitando fiscalización y transparencia.

La llegada de Aureliano Hernández Palacios Cardel como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ocurre en medio de cuestionamientos sobre el funcionamiento interno del órgano fiscalizador durante la administración anterior, marcada —según denuncias de un exauditor— por presiones para modificar o retirar auditorías que resultaban incómodas para el gobierno federal.

Denuncias de presiones y cancelación de auditorías durante gestión anterior

Este martes, la Cámara de Diputados de México designó a Hernández Palacios como auditor superior para el periodo 2026-2034 con 472 votos, en sustitución de David Colmenares Páramo, quien encabezó la institución desde 2018.

Su llegada se produce después de que el exauditor especial de Desempeño, Agustín Caso Raphael, denunciara públicamente presiones dentro de la ASF para modificar resultados, retirar informes o cancelar auditorías relacionadas con políticas públicas y proyectos del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El conflicto por la auditoría del aeropuerto

De acuerdo con Caso Raphael, el punto de quiebre en su relación con Colmenares ocurrió en febrero de 2021, cuando la Auditoría Especial de Desempeño estimó que la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco tendría un costo superior a 331 mil millones de pesos.

La cifra generó un fuerte debate público, ya que contradecía el argumento gubernamental de que cancelar el aeropuerto permitiría ahorrar recursos al erario. Días después, el presidente López Obrador cuestionó públicamente el cálculo de la ASF y el organismo emitió un comunicado reconociendo inconsistencias en la cuantificación.

Según Caso, tras ese episodio comenzaron presiones desde la dirección de la ASF para revisar o modificar auditorías de desempeño.

"El auditor estaba muy molesto conmigo. Después de mi comparecencia ante la Comisión de Vigilancia me pidió la renuncia, pero no se la di", relató el exfuncionario en entrevista con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Evaluaciones retiradas y presiones institucionales

El exauditor también señaló que algunas evaluaciones de políticas públicas fueron retiradas del programa de fiscalización pese a que ya estaban concluidas.

Uno de los casos fue una evaluación sobre la política educativa para el desarrollo económico del país, cuyo informe —según dijo— fue eliminado pocos días antes de su presentación ante diputados, luego de cuestionamientos enviados por funcionarios de la Secretaría de Educación Pública.

Caso Raphael aseguró que nunca estuvo de acuerdo con la cancelación de ese estudio y sostuvo que su área no solicitó su retiro.

"Si una simple evaluación incomoda a un funcionario, ésta desaparece", escribió posteriormente en una carta pública en la que denunció su destitución.

Casi 200 auditorías canceladas

De acuerdo con datos del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior, durante la gestión de Colmenares se cancelaron o dieron de baja 194 auditorías que originalmente estaban programadas.

El momento más controversial ocurrió en junio de 2020, cuando se eliminaron de una sola vez 114 auditorías durante la pandemia de COVID-19. Posteriormente se retiraron revisiones relacionadas con deuda pública, vigilancia epidemiológica, infraestructura ferroviaria y políticas públicas en materia educativa, entre otros temas.

Caso Raphael sostuvo que estas decisiones limitaron la capacidad de la ASF para evaluar políticas públicas y transparentar el uso de recursos federales.

Expectativa ante el nuevo titular

Con la designación de Hernández Palacios Cardel al frente de la ASF, especialistas y legisladores han señalado la importancia de que el nuevo auditor garantice independencia en la fiscalización del gasto público.

Al asumir el cargo, el funcionario afirmó que su gestión estará basada en la honestidad y en el compromiso con el Congreso y la ciudadanía.

El reto para la nueva administración será recuperar la confianza en el órgano encargado de revisar el uso de los recursos públicos federales y fortalecer la autonomía técnica de las auditorías, en un contexto marcado por denuncias de presiones internas y cancelación de revisiones estratégicas.