Ciudad de México.- La admisión por parte del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, sobre que hay al menos una veintena de candidatos al Poder Judicial Federal posiblemente ligados al crimen organizado puso en la mira, también, a los aspirantes locales.
Al hacer una revisión aleatoria a las listas de quienes ocuparán un cargo en el Poder Judicial local de 19 entidades que se elegirá este 1 de junio, se encontró que algunos candidatos a jueces de distrito o magistraturas tienen señalamientos de organizaciones no gubernamentales no sólo por defender a presuntos criminales, sino por estar ligados a partidos políticos o gobiernos estatales.
En uno de estos casos, la organización Defensorxs -la primera en hacer notar que había contendientes que no cumplían con el requisito de probidad para la elección judicial- menciona a Silvia Rocío Delgado García, postulada por el Poder Ejecutivo de Chihuahua para ser jueza en materia penal para el distrito de Bravos.
De acuerdo con la información presentada por Defensorxs, Delgado García se integró al equipo de defensa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, en 2016.
Otro caso es el de Erik Salvador Nevarez Estrada, candidato a juez penal para el distrito de Benito Juárez en Chihuahua. Medios locales lo han señalado de haber liberado a Enrique López Acosta, alias “El Cumbias”, presunto cabecilla del Cártel de Sinaloa, relacionado con una masacre en Creel en 2010.
Además, hay quienes han sido cuestionados por estar ligados a los gobiernos locales, pues trabajaron directamente en la administración estatal o buscaron una candidatura a alcalde o diputado local por algún partido.
Es el caso de Pedro Chávez Guzmán, candidato a juez de Primera Instancia en materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral para la región de Morelia, pero trabajó en la Dirección Estatal de Derechos Humanos en 2022.
En marzo, el Programa de Seguridad de México Evalúa, identificó a ocho entidades con un riesgo entre alto y muy alto de que el crimen organizado logre imponer juzgadores, ampliando su nivel de impunidad.
Los estados con riesgo alto y muy alto de presentar ataques son: Baja California, Chihuahua, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.