Contreras añadió, en conferencia de prensa, que la información resguardada por las empresas solamente puede "entregarse a las autoridades en los casos y bajo las formalidades que establece la ley" y "es muy poquita la información que pedimos, nombre, el RFC (a las empresas), el CURP y no nos quedamos con copias, no sacamos fotografías, es un proceso que es muy seguro, es un proceso que es confiable y no se entrega la información al gobierno".
Sobre la suspensión del servicio a partir del 30 de junio, dijo que están preparados para quitar el servicio a quienes no registraron sus datos, pero también para recibir a los clientes que, después del plazo, quieran reactivar sus líneas.
Al respecto, la directora general de AT&T México, Mónica Aspe, dijo que "en un mundo donde se ha incrementado el uso de la tecnología en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, es tarea de todos sumarnos para tener un entorno digital más seguro. En AT&T México tenemos el compromiso de cumplir con la regulación y contribuir a que se cierren los espacios de impunidad".
Añadió que "la gran mayoría de las democracias en el mundo cuentan con medidas como esta para evitar que el anonimato en las líneas telefónicas se convierta en impunidad".
Por su parte, el vicepresidente de Ventas y Marketing de AT&T México, Samy Abuyaghi, dijo que bajaron las compras de líneas de celular por el proceso de vinculación de datos.
Explicó que "a nivel industria, era esperado que el proceso tuviera un impacto en el mercado; hemos visto una disminución en la venta asociada a la vinculación, sobre todo en el segmento de prepago".
Dijo que capacitaron a 20 mil colaboradores para atender a los usuarios en la vinculación de datos y comentó que "es un proceso confiable y seguro".