CANCÚN, QR., octubre 19 (EL UNIVERSAL).- A casi 21 años de su detención en Cancún y de la tortura que sufrió durante su traslado por vía terrestre hacia Puebla, la periodista y defensora de derechos humanos, Lydia Cacho Ribeiro, se enfrentará virtualmente con el exgobernador poblano, Mario Marín Torres, durante una audiencia de vista relacionada con el proceso penal que el otrora "gober precioso" enfrenta por el delito de tortura.
Audiencia clave para definir sentencia contra Mario Marín
La diligencia será conducida mañana por la jueza de Distrito, María José Pech Sáenz, en juzgados de Cancún, y corresponde a una causa penal integrada por 66 tomos, por el delito de tortura en agravio de la escritora y activista.
Mario Marín, quien permanece interno en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, se enlazará vía remota, junto con sus abogados.
Desde España, donde se encuentra exiliada desde julio de 2019, cuando su casa en Puerto Morelos fue allanada por dos hombres desconocidos y sus perras, asesinadas, en un franco mensaje, Cacho Ribeiro explicó a El Universal que la audiencia de mañana, conforme al momento procesal en que se encuentra el juicio, dará pie a que la jueza dicte sentencia.
La periodista sostuvo que, durante el último año, la defensa del exmandatario ha insistido en obtener su liberación con argumentos relacionados con su edad y estado de salud, sin presentar pruebas para desvirtuar las acusaciones.
"Él ha pasado este último año apelando para su liberación no por ser inocente sino argumentando problemas de salud. Sus abogados han sido incapaces de entregar una sola prueba de descargo por los delitos que se le imputan.
"Entonces están usando las cartas de su ´edad avanzada´ pero apenas tiene 72 años y no está enfermo. Dentro de prisión sigue haciendo ejercicio, comiendo bien y en actividades normales de una persona privada de su libertad en un penal de alta seguridad como lo es El Altiplano", expresó.
La autora de "Los demonios del Edén", señaló que solicitará la pena máxima para Marín Torres, mientras que la defensa busca la sanción mínima, aplicable previo a las reformas legales que han aumentado los años de cárcel.
"Estamos pidiendo la pena máxima y ellos la mínima. Sus abogadas apuestan porque inspire lástima por su edad y condición, y yo respondo que tengo 63 años, fui torturada por sus agentes y sigo en tratamientos por los efectos de la tortura", declaró.
Contexto y antecedentes del caso Lydia Cacho y Mario Marín
La detención de Cacho Ribeiro ocurrió en la ciudad de Cancún, el 16 de diciembre de 2005, después de que publicó investigaciones sobre una red de explotación sexual y pornografía infantil afincada en este polo turístico, y encabezada por el empresario Jean Succar Kuri, fallecido el año pasado.
La periodista denunció que su arresto y traslado a Puebla fueron resultado de una represalia promovida por el empresario textilero Kamel Nacif Borge —pieza importante de la red, según lo documentado en Los Demonios del Edén— y el entonces gobernador, quien habría intervenido para castigarla por sus publicaciones.
Durante el traslado, que se prolongó por más de 20 horas, Cacho Ribeiro fue incomunicada, amenazada de muerte, víctima de violencia sexual y tortura física y psicológica. A su llegada a la cárcel de Puebla, supo que intentarían agredirla.
¿Qué pasó entre Lydia Cacho y Mario Marín?
En febrero del 2006 la periodista Blanche Petrich, publicó el contenido de una serie de audios correspondientes a conversaciones telefónicas entre Marín Torres y Kamel Nacif, en donde se les escucha celebrar, entre risas, apodos y leperadas, la detención de la periodista para escarmentarla y cómo se iba a recompensar al mandatario poblano por el favor.
A casi 21 años de ello, Lydia Cacho afirmó durante la conversación que espera que la jueza considere la dimensión del caso y sus implicaciones para la protección de quienes investigan y denuncian redes criminales.
"Ya hemos demostrado todos los problemas de salud que me causaron sus tratos crueles e inhumanos.
"Yo espero que mañana la jueza entienda la importancia del caso, no porque soy yo, sino porque ya el Estado reconoció que Marín ordenó mi tortura, persecución y arresto para proteger a una red de trata de niñas y niños; que recibió dinero para sus campañas prolíficas del propio Kamel Nacif, su cómplice en mi persecución", sostuvo.
Para la defensora de los Derechos Humanos, el proceso trasciende su caso personal y se relaciona con las condiciones en las que se ejerce el periodismo en México, particularmente cuando las investigaciones exponen presuntos vínculos entre funcionarios públicos y grupos delictivos.
"La diferencia es que yo sigo con vida y llevo 21 años en la batalla judicial, mientras veintenas de colegas periodistas lo han perdido todo, incluso la vida, por órdenes de un gobernador como Mario Marín", afirmó.
Añadió que el resultado del juicio podría enviar un mensaje sobre las consecuencias de perseguir a periodistas por su trabajo:
"Él es el ejemplo perfecto del gobernante que protege a la delincuencia organizada y persigue a las y los periodistas que evidencian la colusión criminal que fomenta la impunidad.
"Si ganamos enviaremos un mensaje claro a los demás políticos: no matan la verdad atacando periodistas".
La además autora de" Esclavas del poder" y "Un halcón bajo mi ventana" también cuestionó que la audiencia no sea pública.
Consideró que, como víctima, tiene derecho a que la prensa y la sociedad conozcan el desarrollo del juicio, aunque reconoció que las condiciones actuales impiden esa apertura.
"Yo tengo pleno derecho como víctima a que la prensa y la sociedad vean con transparencia absoluta cómo funciona este juicio. Desafortunadamente las condiciones actuales lo impiden", agregó.
Si bien en 2019 el Estado mexicano ofreció una disculpa pública a Lydia, en cumplimento a una resolución del Comité de los Derechos Humanos de la ONU, por la violación a sus derechos humanos, la justicia para ella ha sido parcial.
El 27 de julio de 2021, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, radicado en Cancún, concedió un amparo a Kamel Nacif Borge y lo liberó de responsabilidad por tortura.
Para julio de 2025, el mismo tribunal exoneró a Juan Sánchez Moreno, excomandante de la entonces Procuraduría de Puebla, cuya pena había sido elevada en apelación a 7 años y 6 meses de prisión.
En agosto de 2024, Hugo Karam Beltrán, actualmente procesado por la probable comisión del delito de tortura, salió de prisión por un cambio de medidas cautelares derivado de un amparo.
Su proceso pendiente, pero a decir de la defensa legal de Cacho Ribeiro, que esté fuera de prisión representa un riesgo.
Y apenas el pasado 14 de octubre, el excomandante, Alejandro Rocha Laureano, fue puesto en libertad tras una condena de cinco años y seis meses, que se consideró compurgada en exceso por el tiempo que pasó en prisión desde su detención en 2018.