La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha iniciado un proceso de revisión que implica la solicitud de información a diversos institutos y Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) en relación con contratos de material electoral asociados a empresas mencionadas en el contexto del caso de la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala. Estos organismos han indicado su disposición para atender las solicitudes del ente fiscalizador, aunque han aclarado que los procesos de contratación actuales se mantendrán como estaban programados.
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora (IEEyPC) ha manifestado su intención de continuar los procesos de licitación para la adquisición de material electoral y la impresión de boletas de cara al próximo proceso electoral, a pesar de las controversias sobre contrataciones previas. Nery Ruiz Arvizu, consejero presidente del IEEyPC, ha subrayado la urgencia de estos procedimientos en virtud de la cercanía del calendario electoral, aunque también ha admitido la necesidad de fortalecer la confianza pública en la gestión de los recursos.
Uno de los desafíos destacados por Ruiz Arvizu es el número limitado de empresas especializadas que participan en las licitaciones, lo que provoca que los mismos proveedores sean seleccionados en diferentes entidades del país. Esta situación también fue abordada por el OPLE de Veracruz, cuyo liderazgo aseguró que no ha contratado a ninguna de las empresas mencionadas por la ASF en los últimos cuatro años. La consejera presidenta de esta entidad, Marisol Alicia Delgadillo Morales, mencionó que están colaborando con la auditoría y que el requerimiento de información responde a este proceso de fiscalización.
En Tamaulipas, el Instituto Electoral de esa entidad (IETAM) ha confirmado que las licitaciones continuarán conforme a lo previsto y que se están llevando a cabo sin interrupciones. Juan José Ramos Charre, su consejero presidente, aseguró que sus procedimientos son claros y no incluyen preferencias por proveedores específicos.
Por su parte, el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) ha comenzado una revisión exhaustiva de los contratos adjudicados desde 2014, identificando entre ellos a la empresa Cajas Graf, que recibió contratos para el material electoral, incluyendo una adjudicación considerable para el proceso de 2025. Esta empresa ha sido vinculada en investigaciones por supuestas irregularidades en contrataciones a nivel nacional.
Finalmente, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) ha reconocido que la concentración de proveedores en su ámbito de actuación plantea limitaciones para las licitaciones, señalando que esto se debe a prácticas monopólicas que han persistido en el país. En contraste, el IEEPCO de Oaxaca ha informado que hasta el momento no se han iniciado procesos de contratación, aunque han expresado su inquietud sobre la limitada cantidad de empresas disponibles que puedan cumplir con los requisitos exigidos.
La ASF ha revelado que varios OPLE han sostenido contratos con empresas involucradas en posibles irregularidades, y ha mencionado cifras significativas en términos de montos relacionados con estos contratos, lo que ha generado un debate sobre la transparencia y competencia en los procesos electorales.