Ciudad de México.- Con el objetivo de echar atrás la reforma energética de 2013, Morena, PT, PES y el PVEM en el Senado lograron la aprobación en lo general y en lo particular de la Ley de Hidrocarburos.
El proyecto fue enviado al presidente Andrés Manuel López Obrador para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y posterior entrada en vigor.
La aprobación del nuevo paquete de reformas, entre otros, castiga el huachicoleo al retirar la autorización de venta de combustible a las gasolinerías que compren combustible contrabandeado y revoca permisos a quienes vendan litros incompletos de gasolina.
Además, faculta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para intervenir u ocupar instalaciones de centros en los que se almacene o se comercialicen combustibles, y asegura que puedan suspender los permisos expedidos cuando se prevé un peligro inminente.
También se plantea la obligación de los permisionarios de demostrar, previo al otorgamiento de permisos, que cuentan con la capacidad de almacenamiento mínimo de cinco días.
Los legisladores de oposición, PAN-PRI-PRD-MC, reclamaron que el dictamen promueve prácticas monopólicas que benefician a Petróleos Mexicanos, así como la incertidumbre y la retroactividad al retirar permisos a los empresarios que no demuestren la capacidad de almacenamiento.
Además, dijeron los senadores, tiene potencial de convertirse en expropiatoria, al otorgar facultades a Energía y a la CRE, para revocar permisos a los concesionarios, sin que haya una resolución firme de los procedimientos.
“En su conjunto, estas reformas desalentarán la inversión en el sector energético al promover las prácticas monopólicas; inhibirán la competencia y reducirán los espacios para las empresas privadas que deseen concurrir libremente en actividades que no están reservadas en exclusiva a la participación estatal”, argumentó Claudia Ruiz Massieu.
Por ejemplo, mencionaron que la reforma permite que las autoridades energéticas controlen las instalaciones de las empresas, cuyos permisos han sido suspendidos, ignorando la garantía de audiencia de sus titulares; el hecho de omitir la temporalidad de la suspensión generará arbitrariedad en la autoridad.