La senadora Alejandra Barrales Magdaleno ha propuesto una iniciativa legislativa para incluir el concepto de "embarazo infantil forzado" en el marco jurídico mexicano. Esta legislación busca dotar a las autoridades de un fundamento legal que les permita activar protocolos de protección y atribuir responsabilidades específicas en casos de violencia sexual que afectan a niñas. La propuesta implica adiciones a varios artículos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, definiendo el embarazo infantil forzado como aquel que ocurre en menores de 10 a 14 años, bajo la suposición de que resulta de violencia sexual.
La legisladora, miembro de Movimiento Ciudadano, destacó la carencia de un marco jurídico que garantice la protección de estas niñas y las implicaciones que esta omisión puede tener en el ámbito jurídico, ya que invisibiliza sus casos. Barrales Magdaleno mencionó cifras reveladoras del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), que indican que en el año 2025, se registraron 7,887 embarazos en niñas de entre 10 y 14 años, lo que se traduce en un promedio de 22 nacimientos diarios.
La senadora hizo hincapié en que estos embarazos no pueden considerarse normales ni como resultado de una decisión consciente, ya que las niñas, dada su edad y desarrollo, están particularmente expuestas al acoso y la violencia sexual. En este sentido, subrayó la necesidad de una respuesta inmediata por parte de las instituciones pertinentes. Barrales presentó ejemplos alarmantes, como el caso de una niña de 10 años que llegó a un hospital con parto prematuro y complicaciones severas, y otro de una menor de 11 años que se encontraba en un estado avanzado de embarazo, todo ello como consecuencia de agresiones sexuales.
La senadora también llamó la atención sobre situaciones en las que menores han sido forzadas a unirse en matrimonios con hombres significativamente mayores, lo que indica una clara ausencia de consentimiento. Dijo que esta situación debe considerarse una señal de alerta acerca de la posible violencia sexual que enfrentan estas niñas, lo que implica que el Estado tiene la obligación de intervenir.
Para abordar estas situaciones, Barrales propuso que las instituciones de salud, educación y asistencia social informen de inmediato a las Fiscalías y a la Procuraduría de Protección al detectar un caso, lo que activaría automáticamente las investigaciones correspondientes. Además, abogó por garantizar a las menores atención integral que incluya servicios médicos, psicológicos y asesoramiento jurídico gratuito, asegurando que la responsabilidad de iniciar estos procesos no recaiga en las niñas o sus familias.
Finalmente, la legisladora estableció la urgencia de un plazo de 180 días para que tanto el Congreso de la Unión como los congresos estatales tipifiquen el delito de embarazo infantil forzado, lo que permitiría al Estado aplicar sanciones correspondientes. Barrales enfatizó que la definición de este término es vital para que las autoridades puedan contar con la base legal necesaria para implementar protocolos y exigir responsabilidades.