El pleno del Senado aprobó una reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece que las instituciones policiales del país pueden participar como mediadores en conflictos comunitarios que no constituyan algún delito, como una forma de despresurizar el sistema de justicia.
La reforma fue turnada al Ejecutivo federal y busca fortalecer el acceso a la justicia mediante mecanismos alternativos para resolver conflictos y controversias en las comunidades.