La Fiscalía General de Chiapas informó la detención de diez funcionarios presuntamente involucrados en actos de tortura contra dos hombres, luego de que se difundiera un video donde policías estatales y agentes ministeriales los asfixian con bolsas de plástico durante un operativo realizado en Tuxtla Gutiérrez.
El fiscal estatal, Jorge Luis Llaven Abarca, confirmó que las imágenes son reales y precisó que entre los detenidos hay un subdirector, tres agentes del Ministerio Público, un secretario y cinco policías que participaron en los hechos ocurridos el pasado 14 de marzo en la capital chiapaneca.
Las grabaciones, de apenas 19 segundos, muestran a agentes de la Fiscalía Región Metropolitana y de la División de Investigación e Inteligencia Ministerial colocando una bolsa de plástico en la cabeza de un hombre sentado en un sillón, mientras lo interrogan y le impiden respirar.
En otra escena, un segundo hombre aparece sometido con una bolsa negra en la cabeza, mientras elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y policías estatales observan y se burlan durante la agresión.
Los hechos habrían ocurrido en un inmueble de la colonia Loma Bonita, en Tuxtla Gutiérrez, zona identificada por altos índices de robo de vehículos y asaltos.
La Fiscalía aseguró que los diez detenidos ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público y que las investigaciones continuarán para determinar si existen más funcionarios involucrados.
"Seguiremos abundando en las investigaciones para determinar si existe la responsabilidad de más personas que hayan participado en estos lamentables y reprobables sucesos", declaró Llaven Abarca.
Sin embargo, familiares de algunos detenidos denunciaron que el comandante regional de la Policía de Investigación, Pablo Enrique Reyes Custodio, señalado como presunto responsable de ordenar las agresiones, continúa en libertad pese a aparecer en el video.
El caso generó fuertes críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos. El Comité Digna Ochoa sostuvo que la tortura se ha convertido en una práctica sistemática durante operativos en Chiapas y acusó a corporaciones estatales de actuar "al límite de la legalidad".
La organización exigió la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para investigar de oficio y sancionar a todos los responsables.
Además, recordó que desde diciembre de 2024 más de 60 organizaciones civiles cuestionaron el nombramiento de Llaven Abarca como fiscal estatal, al señalarlo por presuntas violaciones a derechos humanos y antecedentes relacionados con uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y tortura durante administraciones anteriores.