Ciudad de México.- Luego de dos días de búsqueda, en la que participó gran parte de la ciudadanía, elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, con apoyo de la Guardia Nacional y de policías mexiquenses, detuvieron a Giovana “N”, la mujer que se llevó a Fátima de la escuela a un domicilio de la alcaldía Xochimilco, y a Mario Alberto “N”, quien según las indagatorias la agredió sexualmente y mató.
Los sospechosos fueron detenidos en el ejido de Tlazala, en el municipio de Isidro Fabela, ubicado en el Estado de México.
De acuerdo con información preliminar, se presume que la pareja llegó por la tarde del martes a ese lugar para esconderse de las autoridades; sin embargo, los vecinos los identificaron de inmediato, pues sus rostros fueron difundidos de manera masiva en los medios de comunicación, además de que se ofertó una recompensa de 2 millones a quien ofreciera datos sobre la pareja.
Luego de recibir una serie de llamadas, la fiscalía capitalina solicitó la colaboración de su homóloga mexiquense, así como de la Guardia Nacional.
Una vez identificados plenamente y copadas las posibles salidas que pudieran utilizar, emplearon un dron para detectar exactamente el domicilio e, incluso, obtener fotografías de ellos. Cuando confirmaron que eran ellos, irrumpieron en el domicilio y los aprehendieron.
El miércoles por la mañana, el vocero de la FGJ, Ulises Lara, reveló la identidad de los imputados y que eran acusados del delito de privación ilegal de la libertad con la finalidad de hacer daño; es decir, no buscaban pedir una recompensa por Fátima ni se trataba de una venganza contra la familia. Hasta el momento no se tiene establecido un móvil o explicación del atroz crimen.
El funcionario capitalino detalló lo que ocurrió la noche del martes pasado, cuando agentes del MP, acompañados de policías de Investigación y peritos especializados en las materias de criminalística y fotografía, identificaron y catearon la casa donde tuvieron secuestrada a la menor.
Detalló que el Código Penal de la Ciudad de México establece una sanción entre 80 y 140 años de prisión para este delito, y dijo que la Fiscalía General de Justicia solicitará a la autoridad judicial “todo el peso de la ley para castigar a quienes tuvieron participación en este indignante hecho”.