La diputada Patricia Flores (MC) dijo que su bancada votaría a favor porque "no podemos solo criticar, y cuando se avanza, aunque sea en pasos pequeños, ir en contra".
"Esta reforma pone un tope a las deducciones de las empresas que facturan más de 50 millones de pesos y baja del 30 al 20% la deducción de intereses, el objetivo es correcto, aquí nadie defiende a las factureras ni a quien inventa pérdidas para no pagar al fisco, pero la medida es pareja para todos y no todos los sectores son iguales, trato igual al que evade que al que tiene costos altos porque así funciona su negocio, y aunque se diga que no es un aumento de impuestos, en la práctica le quita flujo de efectivo a quien produce y genera empleo", manifestó.
La diputada Claudia Rivero (Morena) señaló que la excepción establecida en la fracción novena del artículo 78 evita que el nuevo mecanismo de control de deducciones y pérdidas fiscales genere presiones inflacionarias adicionales a los distribuidores y comercializadores de gasolina y diésel.
"Este sector no queda desprotegido, pero tampoco queda exento de la vigilancia puntual, quienes comercializan combustible siguen obligados a cumplir con los rigurosos controles volumétricos, facturación electrónica, registro de inventarios, cero impunidad, cero evasión, pero total protección a la economía popular", comentó.
Por su parte, el diputado Jericó Abramo (PRI) subrayó que su grupo parlamentario no apoyaría el dictamen porque dejo fuera de la excepción a otro tipo de empresas que también necesitan un apoyo para que puedan crecer.
"Hoy, después de cinco años qué empresas empezaron a crecer, después del covid, y que tuvieron pérdidas millonarias, y en este año de crecimiento en exportaciones pueden empezar a recuperar su ingreso en materia financiera y fiscal, se les está excluyendo de esta ventaja, por eso el grupo parlamentario del PRI no podrá acompañar de manera positiva este dictamen", explicó.
El diputado Héctor Saúl Téllez (PAN) refirió que se dejó fuera a la industria de las autopartes, que genera alrededor de 120 mil millones de dólares en el país; a los distribuidores de autos, que han vendido 1.4 millones de autos en el último año; y a la industria de distribuidores de gas LP, utilizado por el 80% de los hogares.
El diputado Alberto López (PVEM) afirmó que las modificaciones no significan que las empresas beneficiadas dejarán de pagar impuestos, ni les permite descontar cualquier gasto sin cumplir los requisitos legales.
"No se trata de establecer privilegios sin justificación, se trata de evitar que una misma disposición produzca consecuencias distintas en las actividades económicas que funcionan de manera diferente", dijo.