CIUDAD DE MÉXICO.- Con cárcel de hasta ocho años, inhabilitación de 10 años y multa de 500 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) —equivalente a 44 millones 400 mil pesos—, sancionarán a funcionarios que difundan imágenes o información de víctimas de delitos, de acuerdo con el dictamen aprobado por votación unánime por el Congreso de la Ciudad de México.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Administración de Justicia del Congreso capitalino, Eduardo Santillán, destacó la importancia de la reforma para la llamada “Ley Ingrid”, que busca proteger los derechos de víctimas, en especial, los de las mujeres.
En el dictamen quedó asentado que esta iniciativa surgió de los hechos ocurridos la noche del 8 de febrero pasado, a raíz del feminicidio de Ingrid Escamilla, de 25 años, a manos de su pareja sentimental.
“La brutalidad con la que el delito fue cometido indignó a la población, puesto que los feminicidios han aumentado 137% en los últimos cinco años, haciendo de nuestro país un lugar inseguro para las mujeres, niñas y adolescentes”, establecieron los integrantes de la Comisión de Administración de Justicia.
Lamentablemente, destacaron, “la filtración de fotos e imágenes del cuerpo desmembrado de Ingrid, fue el resultado de un incorrecto tratamiento de las evidencias por parte de los servidores públicos que atendieron el caso, lo que generó una masiva difusión”.