Esta interpretación surgió a partir de señalamientos realizados meses atrás por autoridades de Estados Unidos, que los mencionaron en una acusación relacionada con presuntos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa.
En aquel momento, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York señaló que varios funcionarios presuntamente habrían conspirado con "líderes del Cártel de Sinaloa" para "importar cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos".
De acuerdo con la acusación, estas acciones presuntamente se habrían realizado a cambio de apoyo político y sobornos.
Además de Rocha Moya e Inzunza, el documento incluyó a otros funcionarios y exfuncionarios, entre ellos Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Sinaloa; Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa, entre otros.
Ante estos señalamientos, el exdirector de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Derek Maltz, manifestó que esperaba que el gobierno de México extraditara a Rubén Rocha para que enfrentara a la justicia estadounidense.
Por su parte, Inzunza Cázarez rechazó los señalamientos en su contra y aseguró que era víctima de una campaña mediática y política.
El senador sostuvo que es "constitucional y verídicamente" inocente de las acusaciones atribuidas al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Asimismo, calificó los señalamientos como "patrañas" y afirmó que forman parte de una embestida política y mediática basada, según sus palabras, en calumnias y diatribas.