Ciudad Juárez, Chih.- A casi ocho meses del crimen en la parroquia de San Francisco Javier en Cerocahui, Urique, en Chihuahua, que dejó dos sacerdotes y un guía de turistas muertos, la búsqueda de justicia y paz sigue por parte de la comunidad jesuita.
Ahora la lucha se concentra en establecer las medidas cautelares que otorgó a inicios de año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a 11 integrantes de la comunidad jesuita tras considerar que se encuentran en una situación de riesgo y la impunidad continúa, debido a que el principal sospechoso del crimen, José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, todavía no es detenido.
Javier “El Pato” Ávila, sacerdote de la comunidad, explicó que todavía se están realizando reuniones con las autoridades estatales y de la Secretaría de Gobernación para determinar los pasos a seguir respecto a las medidas que los beneficiarios tendrán.
“Esto lleva tiempo, son cosas que se tienen que ir haciendo paso por paso. Tuvimos una reunión previa con los beneficiarios para ir preparando el encuentro posterior que se tiene a inicios de marzo con las autoridades que tienen que implementar las medidas cautelares”, resaltó.