Ciudad de México.- La Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas suspendió temporalmente a los elementos que el pasado 5 de septiembre participaron en un enfrentamiento registrado en la colonia Valles de Anáhuac, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde ocho personas perdieron la vida.
En un inicio se informó que se trató de un enfrentamiento entre civiles armados y agentes de la Policía Estatal; sin embargo, el titular del Comité de Derechos Humanos, Raymundo Ramos, afirmó que fue una ejecución extrajudicial.
Aseguró contar con testimonios de testigos, familiares de las víctimas y el chofer de una grúa, así como con un video de los hechos que prueban que los abatidos no eran parte del Cártel del Noreste, como se dio a conocer en un principio.
El gobierno de Tamaulipas, a través de la SSPT, reiteró su disposición a colaborar de manera transparente en el proceso de las investigaciones, refirió en un comunicado.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET) aplicó medidas cautelares para los testigos que rindieron su versión de los hechos.
Olivia Lemus Martínez, titular de la CODHET, informó que también garantizará la seguridad de los policías estatales que fueron suspendidos por estos hechos.
“Estamos trabajando con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para la emisión de medidas cautelares, de protección para las personas que fueron solicitadas a través de la persona que está como intermediario dentro de este procedimiento”, señaló.
El gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, sugirió al fiscal que lleva el caso de Nuevo Laredo que solicite asistencia técnica del FBI “para dar mayor fortaleza y transparencia a las investigaciones”.
El mandatario local expresó lo anterior la tarde de este jueves en una serie de tuits, a través de su cuenta personal: “Mi compromiso es indeclinable con la ley y los derechos humanos”, afirmó.
Mencionó que “desde que se dio a conocer la denuncia sobre los hechos de Nuevo Laredo, la fiscalía del estado, en ejercicio de su autonomía, abrió de oficio una carpeta de investigación”.