CIUDAD DE MÉXICO, abril 22 (EL UNIVERSAL).- Pese a la incertidumbre geopolítica y jurídica por la reforma judicial, hay 80 empresas interesadas en los proyectos mixtos para la generación eléctrica en asociación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
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Así lo manifestaron funcionarios privados durante el 4º Foro de Energía e Infraestructura organizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
El gerente de Finanzas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE Capital), Rodrigo García Castillo, dio a conocer que hay 19 proyectos de transmisión por cerca de 7 mil millones de pesos que entrarían a concurso este año y la idea es que inicien en 2027 y 2028.
Será para subestaciones, reemplazos de equipos especializados, construcción de infraestructura en transmisión y respaldos para la CFE, explicó el funcionario.
Impacto de la reforma judicial y retos para la inversión energética
Durante la mesa de análisis sobre financiamiento de proyectos de infraestructura energética, especialistas de las calificadoras de valores HR Rating, Fitch y empresarios de Quartux México y Energía y Proyectos de Galicia, coincidieron en afirmar que hay mucho capital disponible que vendrá.
Destacaron que ya están confirmados 80 participantes para contratos de proyectos mixtos con la CFE.
Se sabe que 90% son empresas extranjeras y 10% nacionales para inversión privada por aproximadamente 100 millones de dólares por proyecto.
Afirmaron que al parecer traen buena mecánica y lógica operativa lo que propone la CFE, por lo que se espera una buena respuesta por parte de los inversionistas.
No obstante, alertaron que si bien habrá oportunidades de fondeo "el diablo está en los detalles" a lo que se suma la certeza jurídica y la claridad de las reglas del juego, ya que la sombra de la reforma judicial ha lastimado al mercado y a los inversionistas.
En el panel sobre el panorama sectorial de los proyectos de infraestructura en México, hablaron el director general de Burns & McDonnell, Eduardo Andrade; el director de Concesiones y APPs de Grupo CAABSA, Héctor Ruiz; el socio de V&A Ambiental y Social, Luis Vera y el socio fundador de Ramos Marcín, Ariel Ramos.
Enfatizaron la importancia de que la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar la esté impulsando la secretaría de Hacienda.
Lo anterior porque a diferencia del sexenio pasado, se está dando más institucionalidad a las dependencias a las que se les había anulado y se empoderó a la Defensa Nacional, con lo cual hay confianza en que se corrija el rumbo.
Hicieron notar que son dos los elementos importantes para la viabilidad de un proyecto: pasar la prueba de la risa y contar con una fuente de pago.
Ahí es donde se requiere seguridad legal, enfatizaron, porque entonces pasará lo que sucedió con los proyectos de las cárceles en los que el gobierno federal quería cancelarlos y no quería pagar a valor presente.
Con el Plan México, consideraron que es pensar en grande, pero con la reforma judicial es un gran riesgo para el sector privado.
Mencionaron otros factores internos que inciden en los proyectos como el peso que tienen ahora la ONG a las que la secretaría del Medio Ambiente les teme para dar su visto bueno.
También en algunas entidades federativas operan en comunidades las consultas indígenas que desafortunadamente cambian cada año, y eleva el costo operativo para los proyectos.
Del Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura que prevé la nueva ley, establecieron que si bien será un órgano técnico para evaluar los proyectos, al final de cuentas las decisiones terminarán siendo políticas.
Finalmente confiaron en que funcione bien el fideicomiso maestro.