GUANAJUATO, Gto., noviembre 20 (EL UNIVERSAL).- Ante un presunto ataque cibernético a la Fiscalía General del Estado, la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, impulsó, mediante un punto de acuerdo, que se auditen los procesos de seguridad informática del ejercicio fiscal 2025.
En el Congreso local, la legisladora explicó que la FGE cuenta con el programa Fortalecimiento de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que disponía de 151 millones de pesos para adquirir tres mil 257 licencias informáticas, empero no las tenía al 30 de septiembre y se había gastado el 95 por ciento del recurso.
La morenista anunció que el ciberataque se lo atribuyó el grupo internacional "Tekir APT", especializado en intrusiones informáticas a entidades gubernamentales, y que sustrajo alrededor de 250 gigabytes de información sensible, no obstante que el titular de la fiscalía, Gerardo Vázquez Alatriste, lo negó.
Dijo que eso es una negligencia, falta de capacidad y muestra "también el cinismo del fiscal Vázquez Alatriste", porque no se trata de un rumor o chisme, "se le cayó el sistema".
"Roban información a víctimas"
En la sesión ordinaria de este jueves, Aguilar Castillo presentó un punto de acuerdo para adicionar al Programa General de Fiscalización una auditoría específica a la FGE, para auditar de manera integral el programa presupuestario del sector de procuración de justicia, en lo relativo a los procesos relacionados con la seguridad informática.
Ese ataque es uno de los más delicados que haya enfrentado una institución de seguridad pública en la entidad, por lo que es necesario saber lo que paso.
En tribuna enfatizó que no fue una falla menor, ni un corto de luz, ni la consecuencia de un técnico despistado.
"Se trató de algo gravísimo; robaron 250 gigabytes de información sensible, estamos hablando de expedientes ministeriales, bases de datos internas, documentos reservados, como comunicaciones de investigaciones en curso, datos de víctimas, de testigos, de denunciantes", aseveró.
"¿Se imaginan lo que significa que un grupo criminal tenga acceso a esta información?", cuestionó la diputada.
Comentó que aun así el fiscal salió a decir que era una revisión preventiva. "¿A quién trata de engañar?"
Destacó que ese hackeo se pudo prevenir, pero no se hizo, puesto que no se adquirieron las tarjetas para la seguridad informática.
Comentó que otros entes públicos de la administración estatal han enfrentado recientemente ataques o intentos de intrusión similares, lo que exhibe un problema estructural de insuficiente protección digital en diversas dependencias estatales.