La CIDH solicitó a México que redoble los esfuerzos para determinar la situación y paradero del padre Juan José Arias Corona y su hijo adolescente, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal, mediante un plan de búsqueda con resultados medibles, participación familiar y enfoque de edad, de acuerdo con los estándares y obligaciones internacionales aplicables.
Que facilite la entrega inmediata de toda la información disponible que permita conocer el destino de los propuestos beneficiarios, incluyendo a toda aquella requerida por la autoridad judicial interna y las acciones urgentes del Comité de Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas.
"En particular, brindar todos los elementos que permitan esclarecer la posible participación de agentes estatales en los hechos alegados; adopte las medidas necesarias, con enfoque de género, para proteger la vida e integridad de Marisela Solís Figueroa, su hija y su nieta", señaló la CIDH en un comunicado.
También pidió al Estado Mexicano que concierte las medidas a adoptarse con los familiares de las personas beneficiarias y sus representantes y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar con la debida diligencia los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
De acuerdo con la solicitud, los beneficiarios J.J.A.S. y Juan José Arias Corona están desaparecidos desde el 19 de julio y 28 de diciembre de 2025 respectivamente, sin que se conozca su paradero a la fecha. La solicitud califica los hechos como "desaparición forzada".
Por otro lado, Marisela Solís Figueroa es víctima de actos de intimidación y amenazas debido a las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del estado de Guanajuato y el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, en el marco de sus labores como madre buscadora. Las medidas de protección otorgadas fueron revocadas el octubre de 2025.
El Estado reportó las diligencias orientadas a la ubicación de J.J.A.S. y Juan José Arias Corona, como la apertura de investigaciones, solicitudes de información a autoridades federales y estatales, análisis de videograbaciones, emisión de fichas de búsqueda y operativos en campo, entre otros.
En cuanto a la atención a los familiares, indicó que adoptó medidas de vigilancia domiciliaria y auxilio policial a favor de Marisela Solís Figueroa, además de gestiones para su posible incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La CIDH consideró que la situación de riesgo persiste mientras no se determine la ubicación o suerte de las personas desaparecidas. Asimismo, consideró preocupante que, hasta la fecha, no se haya realizado un estudio de análisis de riesgo con relación a su núcleo familiar y que no cuenten con medidas de protección vigentes, en el marco del trabajo de Marisela como madre buscadora.
"El otorgamiento de la presente medida cautelar y su adopción por parte del Estado de México no constituyen prejuzgamiento alguno de una petición que eventualmente pueda ser interpuesta ante el Sistema Interamericano sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables", indicó la CIDH.