CIUDAD DE MÉXICO (SinEmbargo).– La narrativa del general Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, durante la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue siempre la de deslindar a los militares y evitar que fueran llamados a declarar por este caso. El general secretario sostuvo en el Gobierno pasado que el Ejército no tuvo ninguna relación, nada que ver y ninguna responsabilidad de acción en la Noche de Iguala. Hoy se sabe que no fue así.
“¿Por qué aquí deberíamos haber intervenido? Primero, no teníamos gente; segundo, no teníamos por qué haber intervenido”, dijo Cienfuegos hace casi siete años, en octubre de 2015, en una entrevista con Televisa en la que aseguró que la institución a su cargo no incurrió en una “omisión” durante las horas en las que los estudiantes de Ayotzinapa fueron agredidos y 43 de ellos desaparecidos. El informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa y el último elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desmienten esto y aseguran que el Ejército tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo durante la desaparición de los normalistas, pues elementos de esa institución fueron testigos de primera mano de los diferentes episodios que tuvieron lugar el 26 y 27 de septiembre de 2014.
El general Cienfuegos es el mando militar en el que ha recaído la exigencia, de padres y activistas, de que sea llamado a declarar para rendir cuentas sobre los acontecimientos de esa noche en Iguala. Y ahora que se confirma la participación del Ejército —con un informe emitido desde una instancia gubernamental, que reconoce que fue “un crimen de Estado”— resurge la demanda de que Cienfuegos explique hasta dónde llegaron sus conocimientos y órdenes frente a los hechos de Iguala y los eventos posteriores.
“Los padres siempre tuvieron información extraoficial de que el Ejército mexicano estaba inmiscuido, pero el Gobierno pasado lo desestimó por completo. Dijo que eso era una locura, que cómo se podía imputar eso. El general rechazó rotundamente que fueran investigados los elementos del Ejército y ahora resulta que las investigaciones arrojan que sí tienen responsabilidad penal y por eso deben de enfrentarla”, comentó Vidulfo Rosales, abogado representante de los padres de los estudiantes desaparecidos, en entrevista con Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.
El alto mando militar no sólo se negó a abrir los cuarteles —una de las demandas de los padres de los normalistas desaparecidos— durante su gestión frente a la Sedena, sino que advirtió que no iba a permitir que los integrantes de las fuerzas armadas fueran investigados. Fue en octubre del año 2015, justo el mes en que la Marina manipuló el basurero de Cocula (como ahora se sabe), cuando el general Cienfuegos Zepeda dijo que los militares del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero, no tenían por qué declarar sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Yo he estado en la posición de que no tienen por qué declarar los soldados. Primero porque no hay un señalamiento claro de algún involucramiento. Nosotros solamente respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas. El convenio que hace el Gobierno de la República con la Comisión Interamericana [de Derechos Humanos] en ningún momento dice que pueden interrogarlos. No es posible, las leyes no lo permiten. No me queda claro, ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito, ¿qué quieren saber?, ¿qué sabían los soldados?, está todo declarado. Yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales”, dijo en una entrevista difundida en el espacio del periodista Joaquín López-Dóriga en Televisa.
El informe de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, presentado el pasado jueves por el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, desmantela lo dicho por el general: El Ejército no sólo tuvo conocimiento, además tenía la responsabilidad de actuar en los hechos, debido a que uno de sus soldados estaba infiltrado y se encuentra entre los estudiantes desaparecidos. Se trata de Julio César López Patolzin, quien llevaba cuando menos dos años con los normalistas.
El informe detalla que el soldado se encontraba activo en el Ejército Mexicano “realizando funciones de informante” y que su superior jerárquico, el teniente Marcos Macías Barbosa, del 27 Batallón de Infantería, sabía que él se encontraba dentro del grupo de estudiantes que fue atacado. El Ejército, agrega el documento, aunque estaba al tanto de lo que ocurría, “no realizó ninguna acción de protección a su integridad ni búsqueda de su persona, pese a que era su deber, como lo establece en el Protocolo para Militares Desaparecidos” que obliga a los mandos a implementar medidas contundentes a fin de coadyuvar en la búsqueda, localización y, en su caso, rescate del personal militar desaparecido.
No es la primera vez en que se asegura que el Ejército conoció el desarrollo de los hechos de la Noche de Iguala. El informe del Grupo de Expertos también dio cuenta de ello en marzo pasado —con base en documentación militar y de inteligencia— que la milicia estaba enterada de lo que ocurría, minuto a minuto, durante la desaparición de los normalistas ya que hubo dos operaciones de inteligencia en las que esa institución dio un seguimiento casi contrainsurgente a los estudiantes, operaciones en las que incluso, según el GIEI, tenían a elementos de inteligencia infiltrados desde hacía por lo menos 10 años.
Frente a las nuevas revelaciones del GIEI, los expertos, activistas y los padres de los 43 estudiantes exigieron, en ese entonces, investigaciones exhaustivas al Ejército, Marina y al expresidente Enrique Peña Nieto, quien —insistieron— debe ser llamado a declarar por los hechos contra los 43 estudiantes y la fabricación de la llamada “Verdad Histórica”, lo cual ha prolongado la desaparición de los normalistas y ha obstaculizado el acceso a la verdad y justicia.
“Hoy con mayor relevancia se determinaría la necesidad de escuchar al general Cienfuegos para que nos cuente historias sobre el pasado, el durante y el después de este caso también […] esa información (los videos y lo que reveló el GIEI) reposaba hace 7 años. La conocían todos los estamentos y la conocía inclusive el secretario de Defensa de esa época y el secretario de Marina de esa época. Yo lo que puedo decir es que sí sería interesante que por lo menos intenten dar una explicación de qué fue lo que supieron, cómo lo supieron, qué ordenaron y hasta dónde lo ordenaron”, expresó desde abril pasado en entrevista con SinEmbargo, Angela Buitrago, integrante del GIEI.
Hasta el momento los padres de los 43 no han fijado públicamente una postura pero se estima que pueda presentarla este miércoles. No obstante, persiste la exigencia de una explicación y respuestas por parte de todas las autoridades que pudieron estar involucradas no sólo en la desaparición, sino en la construcción de la “verdad histórica”.
Aunado a los dos informes —el del GIEI y el de la Comisión de la Verdad—, el viernes 20 de agosto, el juez segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión, las cuales, involucran a 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El comunicado emitido por la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero no detalla quiénes son los mandos militares y tropa involucrados y ahora son buscados por las autoridades para ser presentados ante un juez.
Vidulfo Rosales indicó a Los Periodistas, que las órdenes de aprehensión contra los militares tienen mucha relevancia porque esa operación a gran escala que se hizo en Iguala, el pacto de silencio, solamente podía venir de una institución como el Ejército mexicano.
“Esa imposibilidad de hablar, de que se sepan las cosas, solamente pude devenir de una institución, de una institución que cuenta con hermetismo, con una disciplina capaz de no romper esos pactos de silencio y esa institución es el Ejercito mexicano. Siempre los padres tuvieron información extraoficial de que el Ejército mexicano estaba inmiscuido, el Gobierno pasado lo desestimó por completo y dijo que eso era una locura, que cómo se podían imputar esas cuestiones al Ejército”, comentó.
El abogado recalcó que es necesario que se procese de inmediato a esos mandos militares y del batallón porque si el caso si sólo se queda en la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam y en un anuncio de las órdenes de captura de corte político–, esos ordenamientos legales no tendrán sentido.
A su vez el abogado dijo que los familiares de los normalistas consideran que las responsabilidades llegan hasta el más alto nivel del Gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Sabemos que la FGR y la Comisión de la Verdad no tienen en el radar (al general Salvador Cienfuegos), pero nosotros estamos insistiendo que se investigue la cadena de mando hasta el más alto nivel, por supuesto a estas dos personas (Cienfuegos y Peña Nieto) que a nuestro juicio deberían de ser objeto de procesamiento”, destacó Vidulfo Rosales.
Aunque hasta el momento no se ha detallado con precisión quiénes son los elementos del Ejército que cuentan con las órdenes de aprehensión, el informe de la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, elaborado por la Segob, detalla con nombre de pila a algunos de los elementos, da cuenta de los testimonios de soldados y lo que pudieron observar, así como de los mandos que estaban al tanto de sus operaciones.