CIUDAD DE MÉXICO, marzo 15 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo reparen el daño a una mujer indígena otomí que sufrió violencia obstétrica en 2023, tras perder a su bebé por una atención médica deficiente.
Cronología del caso
El 10 de julio de 2023, la víctima, con 38 semanas de gestación, acudió al Hospital Rural No. 30 de Ixmiquilpan, Hidalgo, por pérdida transvaginal. Fue revisada por una persona de servicio social, quien indicó que no iniciaba el trabajo de parto y solicitó un ultrasonido.
Un día después, tras realizarse el estudio, el personal médico informó que "todo estaba en condiciones normales" y la envió a casa. Sin embargo, la paciente acudió a un laboratorio particular donde se determinó la urgencia de una cesárea.
Acciones de la autoridad
La mujer regresó al Hospital Rural No. 30, donde el personal médico residente desestimó el ultrasonido particular y afirmó que "el peso del bebé no era fiable". Tras una hora de espera, se confirmó la muerte fetal.
La CNDH condenó que a la mujer se le hizo firmar una autorización quirúrgica sin explicarle los riesgos y fue trasladada al Hospital General del Valle del Mezquital, donde finalmente recibió atención adecuada.
La Comisión determinó violaciones a los derechos humanos de la víctima, incluyendo la protección de la salud materna y el derecho a una vida libre de violencia obstétrica. También se vulneró su acceso a la información y al proyecto de vida.
Pese a que la paciente solicitó valoración obstétrica en dos ocasiones, fue atendida por personal de servicio social sin supervisión médica, omitiendo evaluaciones indispensables para determinar el riesgo obstétrico y el bienestar fetal.
Respecto al Hospital del Valle del Mezquital, la CNDH señaló que el personal médico no documentó adecuadamente las características del producto de la gestación ni informó sobre estudios postnatales para esclarecer la causa del fallecimiento.
"Se solicitó a las personas titulares del Instituto Mexicano de Seguro Social y de la Secretaría de Salud de Hidalgo reparar el daño ocasionado y proporcionar atención psicológica y/o tanatológica a las víctimas", agregó la Comisión.
Además, el IMSS deberá colaborar con las autoridades para deslindar responsabilidades y diseñar un ciclo de formación continua en derechos humanos, con enfoque de género, para garantizar una atención médica integral.