CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presidida por Rosario Piedra Ibarra, se declaró imposibilitada para integrar una "Comisión de la Verdad del Caso Iguala" sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa porque, advirtió, podría derivar en un conflicto de interés e invadiría facultades del Ministerio Público.
CNDH advierte conflicto de interés y limitaciones legales
En un comunicado, aseguró que la intervención de la CNDH en esta Comisión implicaría revisar, valorar y eventualmente modificar conclusiones que se han formulado de manera previa sobre el Caso Iguala, lo que "plantea un conflicto de interés, directo y jurídicamente insalvable".
Esto, dijo, comprometería principios de imparcialidad, objetividad e independencia que rigen la actuación institucional del organismo.
"No resulta jurídicamente viable que esta Comisión Nacional asuma de forma concurrente y/o simultánea el papel de órgano supervisor y de control, y de autoridad encargada de investigar y vigilar el cumplimiento de sus propias resoluciones, pues dicha superposición de funciones genera una incompatibilidad institucional que impide una actuación objetiva", agregó.
Solicitud a la Suprema Corte y postura frente a la Fiscalía
Asimismo, advirtió que entorpecería la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) "con el pretendido mandato que se le quiere imponer", ya que invadiría las facultades del Ministerio Público, debido a que éste es el ente técnico facultado para investigar hechos con apariencia de delitos.
"La creación de la llamada 'Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)' exige fijar líneas de investigación, ordenar diligencias, practicar peritajes y dirigir actos propios de la investigación penal, lo que implica trastocar el espíritu de las facultades que tenemos", reiteró.
Tras exponer sus motivos para declararse imposibilitada, la CNDH requirió al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejercer la facultad de atracción para conocer el cumplimiento del amparo en revisión 203/2017 del índice del Primer Tribunal Colegiado de Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, que ordena integrar esta Comisión del Caso Iguala.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió que se busca revivir un amparo que "mucho daño ha hecho a la causa de la investigación del Caso Ayotzinapa" con la liberación de más de 60 presuntos perpetradores que se determinó habían sido torturados "sin ningún dictamen o prueba científica".
"Ya nada más faltaría que la CIDH salga en defensa de los perpetradores, que es lo que parece anunciarse con sendas peticiones de información sobre beneficiarios de los amparos de 2017 que hemos venido recibiendo en las últimas semanas, caracterizando de 'víctimas' a quienes se tienen muchos elementos para determinar que en realidad son victimarios", concluyó el organismo dirigido por Piedra Ibarra.