Bruselas, Bélgica.- El impacto económico de la violencia en México aumentó 10% en 2018, año en el que Baja California se convirtió por primera vez en la entidad menos pacífica del país, señala el informe anual del Instituto para la Economía y la Paz.
El Índice de Paz México 2019 afirma que el costo de la violencia alcanzó el año pasado los 5.16 billones de pesos (US$268 mil millones), lo que equivale a 24% del PIB nacional o a 41 mil 181 pesos per cápita, más de cinco veces el salario mensual promedio de un trabajador mexicano.
El indicador que más contribuyó al impacto económico de la violencia fue el homicidio, cuya tasa aumentó 14% superando las 27 muertes por cada 100 mil personas, el nivel más alto registrado.
También escalaron los delitos con violencia 25% entre 2015 y 2018, la tasa de crímenes de la delincuencia organizada, 11.6%, así como los casos de extorsión y narcomenudeo. La situación se ha deteriorado a tal nivel, que cada año uno de cada tres adultos es víctima de un delito. Baja California es el estado menos pacífico.
La entidad retrocedió 5%, sobre todo por un aumento considerable en su tasa de homicidios y “se ubica en esta posición por un amplio margen, ya que el siguiente estado menos pacífico, Guerrero, tiene una calificación 10% mejor”, indica el análisis.
Del otro lado de la balanza, Yucatán, Campeche, Tlaxcala, Chiapas e Hidalgo siguen siendo son los estados más pacíficos, aunque algunos de ellos muestran señales de alerta. Yucatán tuvo un deterioro de 12%, mientras que su índice de homicidios creció 17%, aproximadamente 2.5 por cada 100 mil habitantes, pese a ello, sigue teniendo la tasa más baja.
El nivel de paz cayó en 22 estados y sólo 10 registraron mejoras. México, como país, tuvo un retroceso de 4.9%.
Pese a los elevados índices de homicidios, delitos con violencia y crímenes de delincuencia organizada, el gasto del gobierno en las fuerzas policiales y el sistema judicial está por debajo de los niveles regionales e internacionales.
México destinó 0.81% del PIB en seguridad interna y su sistema judicial, lo que representó la mitad del promedio de los países de la OCDE.