Ciudad de México.- En un análisis de las áreas de seguridad del gobierno federal se advierte que hay “una persistente debilidad institucional en los territorios más violentos” del país, en los que la presencia de las autoridades es “simbólica” o “cooptada”, generando zonas de gobernanza criminal efectiva.
El documento titulado “Puntos de inflexión de los indicadores, eventos y aseguramientos de las dinámicas de narcotráfico” revela que a pesar de la narrativa oficial de desarticulación, las organizaciones delictivas han demostrado una capacidad regenerativa y esto representa un desgaste constante para las instituciones de seguridad, que operan con marcos rígidos frente a estructuras criminales adaptables.
“El crimen organizado en México no es sólo un fenómeno delictivo: es un actor político y económico que desafía la autoridad del Estado. La estrategia de seguridad 2025-2030 acierta en su mirada integral, pero aún no logra articular una respuesta que transforme las condiciones que permiten la reproducción del crimen. Sin legitimidad institucional, sin justicia local y sin control territorial efectivo, el Estado seguirá administrando la violencia, no resolviéndola”, subraya.
Indica que organizaciones criminales, como los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, ya no operan únicamente bajo lógicas de violencia armada o control territorial tradicional, sino que evolucionaron a modelos más flexibles que combinan fragmentación con redes especializadas de producción, trasiego y distribución de drogas.
Además, resalta una diversificación criminal que incluye su incursión en mercados como la minería ilegal, trata de personas y extorsión empresarial.
Es importante destacar que según la “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)” 2024, publicada en septiembre pasado por el Inegi, las pérdidas económicas promedio anuales a consecuencia del delito de extorsión fueron de 5 mil 363 pesos por víctima en 2023, casi el doble que un año antes, cuando el monto ascendía a 2 mil 726 pesos.
El análisis detalla una compleja mutación del crimen organizado en México que impone retos a las fuerzas de seguridad en el periodo 2025-2030 para contener, disuadir y desarticular a los grupos delictivos que operan en el país. Considera que la mutación de los cárteles y los cambios en los patrones del narcotráfico ponen en entredicho la capacidad del Estado para desarticular a los cárteles, que están operando bajo nuevos ejes: adaptabilidad, territorio y transnacionalización.