Ciudad de México.- La participación de menores y adolescentes en actividades delictivas es una cifra que sigue registrándose en el país. En cuatro años, la Guardia Nacional (GN) ha detenido a 213 menores en flagrancia, de los cuales 190 son hombres y 23 mujeres.
Las edades oscilan entre los 12 y los 17 años, y los delitos o faltas por los que son aprehendidos son: por posesión de armamento, agresiones, delitos contra la salud, uso de armas deportivas y de juguete para cometer robos, extorsión, robo de combustible y robo de vehículos, entre otros ilícitos.
El mayor número de detenidos fueron de 17 años, grupo donde hay 109 aprehensiones. De ellos, 97 son hombres y 12 mujeres.
Las entidades donde se refleja el mayor número de aprehensiones son: Guanajuato, con 81; Michoacán, con 35; Sonora, con 23, y Jalisco, con 16.
Elba Jiménez, experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, denuncia que el crimen organizado se sirve de los adolescentes porque en general no los detienen y en caso de ser aprehendidos a la edad de 16 años, van a estar privados de la libertad un máximo de cinco años y saldrían en libertad en la mayoría de los casos.
Detalla que la responsabilidad va en función del grado de participación, ya que en ocasiones son copartícipes, cómplices o encubridores, y en otras situaciones son casos de delitos de alto impacto, pues son los líderes de grupos que se dedican al secuestro y la trata de personas.
La especialista destaca que la mayoría de los jóvenes que se ubican en este sector son explotados por la delincuencia organizada y otro grupo pequeño son los que cometen los delitos e incluso algunos son líderes de algunas células criminales y están por su voluntad.
La experta resalta que la mayoría de los reclutados están en un estado de necesidad terrible, son gente que no tiene casa ni familia y que salió de sus lugares de origen en busca de una mejor situación, pero desafortunadamente son atraídos por las células delictivas por medio de engaños y son enganchados.
“Entonces entra el tema de la trata de personas, porque [los jóvenes] son explotados y todos los delitos que están cometiendo los hacen bajo una situación de trata. En este punto, la Ley General de Trata advierte que no deberían ser criminalizados, no obstante, se les abre una carpeta de investigación, los responsabilizan de delitos y se violentan sus derechos humanos”, considera.