Ruffo Appel saldrá del Altiplano, pero seguirá preso por caso de huachicol fiscal

Un juez autorizó que el exgobernador de Baja California continúe el proceso en prisión domiciliaria por su edad y condiciones de salud

Un juez federal concedió este viernes prisión domiciliaria a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, quien permanece recluido en el penal del Altiplano mientras enfrenta un proceso por delincuencia organizada y delitos relacionados con el presunto contrabando de combustibles.

La resolución modifica el lugar donde cumplirá la medida cautelar: Ruffo podrá salir del penal, pero no queda en libertad ni termina el proceso penal. Su traslado al domicilio autorizado se realizará una vez que las autoridades coordinen las condiciones de vigilancia. 

La defensa solicitó el cambio al señalar que Ruffo tiene 74 años, fue operado de la cadera y presenta dificultades de movilidad. Su hija, Verónica Ruffo, había advertido además que perdió peso durante los poco más de dos meses que ha permanecido en el Altiplano. El juez consideró que reúne los requisitos legales para continuar el proceso bajo resguardo domiciliario. 

De acuerdo con el reporte de la audiencia, la Guardia Nacional vigilará el domicilio y Ruffo deberá entregar su pasaporte y visa, además de mantener contacto periódico con las autoridades judiciales. La medida resuelve, por ahora, la petición relacionada con su reclusión; la defensa mantiene por separado una impugnación contra la vinculación a proceso. 

Ruffo fue detenido en julio de 2026 en Ensenada. La Fiscalía General de la República lo relaciona con Ingemar, empresa investigada por un presunto esquema para introducir combustible desde Estados Unidos a México mediante declaraciones aduanales irregulares. El exgobernador rechaza las acusaciones y su defensa sostiene que no dirigía las operaciones señaladas por la Fiscalía. 


El caso tiene también un peso político: Ruffo gobernó Baja California de 1989 a 1995 y fue el primer candidato de oposición que ganó una gubernatura frente al PRI. Ahora, la decisión judicial cambia sus condiciones de reclusión, sin determinar si es culpable o inocente de los delitos que se le imputan.