CIUDAD DE MÉXICO.- Por el “cochinero” que han hecho de la investigación, los abogados de los ocho militares reaprehendidos por el caso Ayotzinapa anunciaron que interpondrán denuncias penales contra los servidores públicos involucrados en la integración de la acusación por delincuencia organizada contra sus defendidos, incluido el exsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez y el fiscal especial del caso, Rosendo Gómez Piedra.
Alejandro Robledo y César Omar González, representantes legales de los elementos presos en el Campo Militar 1-A, acusaron que la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Roberto de los Santos Eduviges, Uri Yashiel Reyes Lasos, Ramiro Manzanares Sanabria, Juan Andrés Flores Lagunas, Omar Torres Marquillo, Eloy Estrada Díaz, Gustavo Rodríguez de la Cruz y Juan Sotelo Díaz, con base en dichos de los testigos protegidos “Carla” y “Neto”, integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, que en años anteriores negaron.
El abogado Alejandro Robledo afirmó que misteriosamente, luego de haber escuchado desde la Secretaría de Gobernación la “amenaza” de solicitar nuevas órdenes de captura contra el grupo de militares, la FGR echó mano de los testigos de identidad reservada “Carla” y “Neto”, integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y que participaron directamente en la desaparición de los 43 normalistas.