Abogados litigantes alertaron que las demandas por daño moral en contra de periodistas y medios de comunicación, en las que los querellantes reclaman sumas millonarias por indemnización se han convertido en un mecanismo de censura en el estado de Guanajuato. Roberto Saucedo Pimentel y Paulino Lorea, especialistas en derecho penal, civil y constitucional, expusieron que una reforma al Código Civil del estado ha dado la pauta a personajes con proyección pública para presentar demandas que representan un ataque a la libertad de expresión.
Dijeron que a cualquiera de los periodistas le puede ocurrir una demanda porque a alguien no le guste lo que publican. Expusieron dos casos, el más reciente que involucra a María Bárbara Botello Santibáñez, ex alcaldesa de León, quien promovió una demanda en contra del periódico AM en la que reclama 300 millones de pesos por daño moral, el monto de mayor cuantía a nivel nacional. La ex funcionaria basa su denuncia en el perjuicio que, dice, lo causaron dos notas informativas y dos columnas publicadas.
Otra demanda fue planteada por un empresario de la ciudad de Guanajuato, Jorge Antonio Rodríguez Medrano, "dueño de una televisora y que tiene una muy amplia relación de negocios con el gobierno municipal y con el sistema de agua de aquel municipio", en contra del periodista Arnoldo Cuéllar Ornelas, a quien le reclamaron 96 millones de pesos.
"Entonces, este tipo de demandas se están convirtiendo en un mecanismo de censura y es un riesgo, en donde lo que está en juego ya no es la libertad personal, lo que está en juego ahora es precisamente el patrimonio de cada uno de los que puedan ser demandados", puntualizó el abogado Roberto Saucedo Pimentel. Paulino Lorea, también columnista, destacó que los periodistas han sido muy hostigados en los últimos cinco años con violencia laboral, cierre de medios, amenazas, demandas penales o civiles, agresiones físicas que les causa lesiones o hasta homicidio como ocurrió el 9 de noviembre pasado cuando asesinaron al periodista Israel Vázquez en Salamanca.
El 20 de abril de 2018 el Congreso Local derogó del Código Penal los tipos penales de calumnia y difamación, que venían siendo utilizados para tratar de censurar a quienes se dedican a la labor de comunicación, y los trasladó al Código Civil, y ahora son fuente de una responsabilidad civil y que puede dar lugar a una indemnización. "O sea, ya no tenemos la amenaza de la sanción penal, pero ahora tenemos otros", agregó Saucedo Pimentel. En la regulación del Código Civil, la parte que se dice víctima de daño moral puede pedir desde la publicación de un extracto de la sentencia que se llegue a dictar y con cargo a quien provocó el daño; hasta la rectificación de la información difundida en el mismo medio en donde fue emitida y con la misma circulación.
"Otra de las consecuencias, que es la que está siendo utilizada últimamente como un mecanismo de censura, es el pago de una indemnización pecuniaria”, que define el juez conforme a la situación económica de la víctima y a la situación económica del supuesto agresor.
En el caso de la indemnización pecuniaria es donde se están cometiendo abusos, destacó el litigante. En rueda de prensa mostró el expediente de la demanda por daño moral que presentó Botello Santibáñez contra Editorial Martinica S.A. de C.V., que es la empresa propietaria de los periódicos AM y Al Día, el ingeniero Enrique Gómez Orozco en su calidad de columnista, y "en un exceso" en contra de su esposa y de su hija, por el solo hecho de ser accionistas de la empresa.
"Entonces, ahí vemos realmente que hay una intención simplemente de estar presionando y de estar causando pues un estrés a quienes no tienen nada que ver", dijo Saucedo. Saucedo Pimentel señaló que los 300 millones de pesos de los que se duele Botello es porque en alguna columna de opinión del periódico AM se sugirió que el daño económico que pudo haber sufrido el erario público del municipio (de León, en su administración) ascendía a esa cantidad, "pero jamás se dijo, jamás se mencionó que ella (la ex alcaldesa) se haya llevado esa cantidad o que ella haya robado esa cantidad".
Explicó que esa cifra ella la toma para justificar ese reclamo. "Ella dice: 'Le pusiste precio a mi seguridad, a la seguridad de mi familia por 300 millones de pesos, pues ahora quiero que esa empresa y los otros 3 demandados me paguen ese monto'. Eso es lo que está intentando la licenciada".
También se duele de dos notas periodísticas en donde dan a conocer irregularidades en su desempeño, "concretamente la contratación de una peinadora, por así mencionarlo, y el pago de servicios de masajes. Es importante señalar que estas notas periodísticas cuentan con sustento documental, con un sustento práctico, es decir, no se publica nada más porque sí, no es una publicación simplemente por hacerla, no. Estas publicaciones cuentan con todo el soporte e incluso otros medios de comunicación se dieron cuenta de ello".
Describió que la demanda se compone de 244 hechos, lo que simplemente es brutal para quienes son abogados, además la actora contrató un equipo de trece abogados. Los especialistas en derecho argumentaron que la demanda de Botello Santibáñez no debería proceder y el pronóstico es que no debería haber una condena. Comentaron que tienen asesoría de los organismos Artículo 19 y Propuesta Cívica, que apoyan a los periodistas por ataques a la libertad de expresión. Los abogados anunciaron que se diseñará un manual para el blindaje de los periodistas en el caso de que sean demandados por daño moral.