Acusación de corrupción y lavado contra Alejandro Moreno Cárdenas

Detalles de la denuncia y la investigación en curso

CIUDAD DE MÉXICO, abril 28 (EL UNIVERSAL).- El diputado morenista Miguel Prado de los Santos presentó ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR una denuncia contra Alejandro Moreno Cárdenas por diversos delitos, entre otros, desvío de recursos públicos por un monto 3 mil 941 millones 744 mil 886 pesos cuando fungió como gobernador de Campeche.

En la denuncia ante la titular de la fiscalía María de la Luz Mijangos y recibida este 27 abril se configuran probables actos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales y corrupción.

Así como lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, fraude fiscal, peculado, uso ilícito de atribuciones o facultades y operaciones con recursos de procedencia ilícita y solicitó se inicie la investigación correspondiente, en términos de la legislación penal aplicable.

Los presuntos ilícitos habrían sido cometidos por el líder priista entre el 16 de septiembre de 2015 al 13 de junio de 2019, como gobernador de Campeche, y son resultado de las revisiones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo de su gestión.

"Los presuntos delitos se habrían cometido en su desempeño como gobernador de Campeche del 16 de septiembre de 2015 al 13 de junio de 2019, causando un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública federal por un monto de al menos 3 mil 941 millones 744 mil 886.26 pesos", puntualizó en su denuncia el diputado de Morena.

La revisión de la ASF detectó 92 irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos asignados a Campeche entre 2016 y 2019, principalmente del sector salud y el pago de nóminas.

La denuncia, cuya copia tiene EL UNIVERSAL, pide se investigue e inhabilite a Moreno Cárdenas y/o quienes resulten responsables para ejercer empleo, cargo o comisión públicos por un plazo de 20 años y, además, como medida precautoria, se embarguen sus bienes y cuentas bancarias.

Se expone que durante su gestión como gobernador de la entidad usó diversos recursos federales, los cuales no han sido debidamente comprobados en cuanto a su destino y operación, inobservando la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación y la Ley de Coordinación Fiscal.

El también secretario de la Comisión de Vigilancia de la ASF advirtió que, durante la revisión de la Cuenta Pública de 2016, en el informe se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública federal, "por un monto de 265 mil 837 40 pesos, más los intereses que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por destinar recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2016