Ciudad de México.- En un país donde se reporta un promedio de 24 personas desaparecidas por día, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que termina el próximo lunes no cumplió con las expectativas de frenar esta crisis que ha sido una de las demandas más sentidas de la sociedad, que más familias enlutadas y fragmentadas ha ocasionado y que parece no tener fin, a decir de las madres buscadoras y los expertos.
Aunque al inicio hubo discursos que hablaban de voluntad política para conocer el número real de personas no localizadas en México, el 1 de octubre cierran seis años de mandato sin datos oficiales contundentes sobre este fenómeno ligado a la delincuencia organizada, con el desmantelamiento de comisiones de búsqueda, sin recursos, entre violencia, con diálogo roto con los familiares de las víctimas, impunidad y simulación.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), en la administración que termina, desde el 1 de enero de 2019 hasta este sábado hubo 51 mil 703 personas desaparecidas y no localizadas en México que desaparecieron en los casi 2 mil días del sexenio; es decir, 24 personas por día, o una cada hora.
Sin embargo, colectivos de rastreadoras y el informe “A quienes nos faltan: datos para encontrarles”, de la organización no gubernamental Data Cívica, apuntan que el número de personas desaparecidas podría multiplicarse al doble debido a la cifra negra por la falta de precisión de fiscalías, de familias que tienen miedo de denunciar y del borrado de personas del Rnpdno por la Secretaría de Gobernación (Segob).
La Plataforma Ciudadana de Fosas Clandestinas indica que los tres estados con más entierros ocultos hallados desde 2006 hasta junio de 2023, según fiscalías locales, son Sonora, con 750; Veracruz, con 548 y Tamaulipas, con 475 que en conjunto concentran 39% del total.
La Plataforma Ciudadana muestra que, también con información de fiscalías locales, los estados con más cuerpos exhumados de fosas clandestinas son Jalisco, con mil 269; Sonora, con 655 y Veracruz, con 546 que juntos concentran 40% del total.
Asimismo, la falta de ejecución de presupuesto asignado y el poco personal, que además no contaba con experiencia en la materia, complicó el trabajo de las Comisiones Locales de Búsqueda (CLB).
El saldo trágico fue de 16 rastreadores asesinados, 13 son madres buscadoras, víctimas de homicidio desde 2020 hasta este año por buscar a sus familiares desaparecidos. De forma paralela, se incrementó la violencia hacia las personas que se dedican a esta labor quienes incluso han pedido apoyo al crimen organizado para localizar a sus familiares, acción que ha puesto sus vidas en riesgo.