CIUDAD DE MÉXICO.— Organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos de familiares de personas desaparecidas solicitaron a la Asamblea General de la ONU la creación de un "mecanismo extraordinario" para atender la crisis de desapariciones en México.
Los grupos, encabezados por Amnistía Internacional, señalaron que el país acumula más de 135 mil personas desaparecidas y no localizadas, además de aproximadamente 72 mil restos humanos sin identificar.
Mediante un documento enviado a las representaciones diplomáticas ante la Organización de las Naciones Unidas, los colectivos pidieron a los países miembros definir las medidas que deberán tomarse después de la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
El procedimiento, activado por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), permite llevar ante la Asamblea General información sobre posibles prácticas generalizadas o sistemáticas de desaparición.
El Gobierno mexicano, a través de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, ha rechazado reiteradamente esa interpretación. Las autoridades federales sostienen que no existen elementos suficientes para presumir una práctica generalizada o sistemática en el territorio nacional.
Los colectivos señalaron que la magnitud de la crisis "rebasa las capacidades" de México y aseguraron que los delitos relacionados con desapariciones presentan un índice de impunidad del 99 por ciento.
Ante ese escenario, plantearon establecer herramientas internacionales que fortalezcan los trabajos de búsqueda, la identificación forense y el acceso de las víctimas a la justicia.
Para presentar la iniciativa ante la Tercera Comisión de la ONU, las organizaciones propusieron designar a una persona o grupo de especialistas independientes que elabore un plan urgente de actuación.
De acuerdo con la propuesta, el plan tendría que diseñarse en coordinación con el Gobierno mexicano, los representantes de las víctimas y los organismos internacionales involucrados.
Los firmantes también exhortaron a los gobiernos aliados de México a mantener un diálogo con las autoridades federales, con el propósito de que la iniciativa sea considerada una vía de cooperación técnica y no un reproche político.
Frente al rechazo de la Cancillería y la Secretaría de Gobernación, los colectivos argumentaron que el pronunciamiento del CED sobre posibles crímenes de lesa humanidad activa el deber de protección de la comunidad internacional.
Como parte de su estrategia para el 81 periodo de sesiones de la Asamblea General, familiares de víctimas anunciaron reuniones con representantes diplomáticos en Nueva York y la realización de foros paralelos.
Las organizaciones buscarán que la Asamblea General adopte una resolución antes de concluir el año, en medio de las diferencias entre el Gobierno mexicano y los organismos internacionales sobre las dimensiones y características de la crisis.